La Audiencia provincial de Ourense juzga el próximo día 10 a Avelino M.F., a quien el Ministerio Fiscal imputa un delito continuado de estafa, por el que reclama para el acusado cinco años de prisión. Los hechos juzgados remiten a 1998, cuando el impu tado, administrador de Contratas y Promociones 92 S.L., vendió a una mujer dos locales comerciales y dos apartamentos en un edificio a construir en O Barco, cuando esta empresa no era propietaria de los mismos. La defensa pide la libre absolución.
Era 1998. Noviembre. Día 13. Esa jornada Avelino M.F., en calidad de administrador único de la empresa Contratas y Promociones 92 S.L., vendía en documento privado, según el Ministerio Fiscal, un local de oficinas en la planta primera de un edificio que se levantaría en un solar entre las calles Doctor Pérez Lista y Nueva Apertura, en O Barco de Valdeorras. La parte contratante pagó en el momento de la firma del contrato seis millones de pesetas de entonces. Los restantes 3,5 millones convenidos fueron abonados el 16 de septiembre de 1999. La cosa quedó así. Pero sólo de momento. Porque según los datos recabados por el fiscal, el 26 de enero y el 16 de septiembre de 1999, las mismas partes pactaron la compraventa de otro local de oficinas, por un montante de cuatro millones de pesetas, y de dos apartamentos por 12,5 millones.
¿Y el problema? El acusado habría firmado, tal y como se recoge en el escrito de acusación pública, los tres contratos reseñados a sabiendas de que Promociones y Contratas 92 S.L., entidad mercantil en cuya representación intervenía, no era titular de derecho alguno sobre el solar en el que se levantaría el edificio, atribuyéndose falsamente sobre el inmueble una facultad de disposición que nunca tuvo. El solar, que desde febrero de 1996 era propiedad de los padres del acusado, fue inscrito en enero de 2001 en pleno dominio a favor de otra empresa cuyo único administrador era también el acusado. Esa sociedad fue la que declaró la obra nueva sobre dicha finca.
En diciembre de 2000, la mujer que había adquirido parte del edificio, falleció. Sus padres fueron declarados herederos únicos, y el Juzgado de Primera Instancia número 1 de O Barco, dictó con fecha 11 de abril de 2002 sentencia firme por la que obligaba a Avelino M.F. a entregar a aquellos la vivienda, o en su caso devolverles las cantida des pagadas, con los correspondientes intereses. No ocurrió ni una cosa ni la otra. Es más, la verdadera empresa propietaria del edificio, efectuó divisiones internas distintas a las inicialmente previstas, y los locales y apartamentos resultantes fueron vendidos a terceros. El próximo día 10 la Audiencia juzgará a Avelino M.F. por un delito continuado de estafa. El fiscal solicita para él cinco años de prisión y una indemnización de 87.146 euros, más intereses. La defensa, la libre absolución por entender que la perjudicada ha fallecido.
¿Y el problema? El acusado habría firmado, tal y como se recoge en el escrito de acusación pública, los tres contratos reseñados a sabiendas de que Promociones y Contratas 92 S.L., entidad mercantil en cuya representación intervenía, no era titular de derecho alguno sobre el solar en el que se levantaría el edificio, atribuyéndose falsamente sobre el inmueble una facultad de disposición que nunca tuvo. El solar, que desde febrero de 1996 era propiedad de los padres del acusado, fue inscrito en enero de 2001 en pleno dominio a favor de otra empresa cuyo único administrador era también el acusado. Esa sociedad fue la que declaró la obra nueva sobre dicha finca.
En diciembre de 2000, la mujer que había adquirido parte del edificio, falleció. Sus padres fueron declarados herederos únicos, y el Juzgado de Primera Instancia número 1 de O Barco, dictó con fecha 11 de abril de 2002 sentencia firme por la que obligaba a Avelino M.F. a entregar a aquellos la vivienda, o en su caso devolverles las cantida des pagadas, con los correspondientes intereses. No ocurrió ni una cosa ni la otra. Es más, la verdadera empresa propietaria del edificio, efectuó divisiones internas distintas a las inicialmente previstas, y los locales y apartamentos resultantes fueron vendidos a terceros. El próximo día 10 la Audiencia juzgará a Avelino M.F. por un delito continuado de estafa. El fiscal solicita para él cinco años de prisión y una indemnización de 87.146 euros, más intereses. La defensa, la libre absolución por entender que la perjudicada ha fallecido.
