La pertenencia a la junta rectora de la comunidad de montes de mano común de Portela y Trigal (Carballeda de Valdeorras) lleva años enfrentando a los vecinos del Trigal. Ayer, un grupo de ellos se reunió con una pancarta ante el local donde los dirigentes actuales mantuvieron una reunión para expulsar a uno de sus miembros, Francisco Rodríguez. Como telón de fondo está el alquiler de sus terrenos, entre 20 y 30 hectáreas, a pizarreras.
Los vecinos contrarios a la junta directiva explican que el presidente, Odilo Fernández, lleva 15 años al frente de la comunidad de montes, bien como secretario o bien en la presidencia. Explican que lo acompaña el abogado José Antonio Iglesias, “quien se encarga de redactar y escribir en el libro de actas los acuerdos alcanzados, además de ejercer como portero y decidir a quién se le permite la entrada, o no, al local donde se celebran las asambleas”.
Estos vecinos afirman que el presidente “se acompaña de cinco familiares para someter al resto de comuneros” y consideran que deberían ser 15 los comuneros y no los ocho “que figuran en su lista oficial”, apuntando que expulsa a quienes “no están de acuerdo con lo que hace” y que “de esta manera, en un pueblo de quince comuneros, sólo estarán en la lista seis, Odilo y sus cinco familiares. Los otros nueve, como si no existieran, tampoco cuentan para el reparto del dinero”. También dicen que la junta rectora niega la citada condición a personas que tienen derecho a serlo y ponen sobre la mesa fallos judiciales favorables, el último referido a cuatro vecinos, que declara “que cada uno de los demandantes tiene la condición de vecino comunero“. La sentencia fue recurrida.
El presidente de Agromacen (Agrogandeira do Macizo Central), Pedro Rodríguez, salió en defensa de quienes reclaman ser comuneros. “Levamos máis de 70 comunidades de montes e estamos a falar dun feito insólito. Lles prestaremos asesoramento técnico, xurídico e fiscal a estos veciños. Non entendo que fai un letrado poñéndose na porta e impedindo a uns veciños que participen nas decisións. Imos poñelo en coñecemento do Colexio de Avogados”.
A su vez, el abogado José Antonio Iglesias explicó que los miembros de la junta rectora “son os que xestionan a comunidade. Hai persoas que reúnen as condicións para ser comuneiros e aos que non as reúnen a comunidade non os recoñece”. Continuó apuntando que “os que non son comuneros queren mandar nos montes”. El letrado relacionó las reclamaciones de comuneros con Irosa y Samaca, pizarreras en las que dan empleo a casi 300 personas. “Son los intereses de Samaca e Irosa”, afirmó, aludiendo a un pleito iniciado hace años por diferencias de criterio en torno a la renta de los terrenos.
