“Como consecuencia de la comparecencia de doña María Pilar González Bello se dan por iniciadas las presentes diligencias”. Así comienzan las diligencias 48/04, iniciadas por la Guardia Civil ruesa el 18 de diciembre del 2004, a raíz de la denuncia formulada por la secretaria municipal. La funcionaria decía ser objeto de llamadas telefónicas amenazantes, en alguna de las cuales se “oían los gritos de una niña llorando, en lo que parecía ser el patio de un colegio”. También aludía a irregularidades urbanísticas en la obra del parque empresarial de As Pedreiras, (realizada sin estar aprobado el plan de sectorización), donde se instaló la empresa Rieter Saifa. Finalmente, apuntó la existencias de “pagos sin justificar” del Concello al ingeniero José María Sorribes.
Casi tres años después, y con un expediente de más de 2.000 folios, la titular del Juzgado de Instrucción número uno de O Barco decretó “el sobreseimiento libre y el archivo de las presentes diligencias, respecto a los delitos de amenazas y contra la ordenación del territorio”. Esta decisión se basa en el informe del fiscal, donde dice no encontrar indicios de delitos de amenazas y contra la ordenación del territorio imputados al alcalde José Vicente Solarat, el contratista Eloy Mateo, el técnico José María Sorribes y el directivo de Rieter Saifa SA, Ignacio Baltá.
Falta determinar si existe un delito de falsedad documental en la firma de un expediente de declaración de ruina, asunto que abordará otro procedimiento.
Ahora, todas las miradas se dirigen a Alcalá de Henares, pues una vecina desconocida en A Rúa, Olga Pérez, alegó contra el informe del fiscal.
José María Sorribes: “Mis hijos me preguntan qué he robado”
El ingeniero de Caminos José María Sorribes desbordaba satisfacción con el auto judicial. Dice que la resolución que ordena el archivo del expediente “tenía que haberse producido con mayor antelación”. El técnico municipal atribuye la crisis ruesa a una “guerra política, acentuada por la proximidad de las elecciones”. José María Sorribes sopesa exigir responsabilidades, pues todo lo sucedido le afectó personalmente. “Mis hijos me preguntaron qué he robado”.
El alcalde independiente, José Vicente Solarat, confía en que nadie recurra el auto. Avelino García (PP) delega la decisión de recurrir en el abogado, y defiende que el pleito “no interfiera en la labor municipal”.
La denuncia de la secretaria propició que 11 de los 13 concejales que a finales del 2004 integraban la Corporación municipal declarasen en calidad de imputados por un posible delito urbanístico, al votar a favor del expediente de la obra de As Pedreiras sin tener un plan de sectorización. Además, fueron detenidos el alcalde, el ingeniero municipal y un contratista rues.
La crisis ruesa sacó a la calle a más de mil personas, que se manifestaron en defensa de la instalación de la fábrica de Rieter Saifa SA en el parque empresarial.
