La Corporación municipal de Vilamartín aprobó inicialmente la propuesta de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que redactó la consultora Estudio Técnico Galego SA.
El acuerdo, que fue adoptado por unanimidad, permitirá legalizar una veintena de casas y naves amenazadas por las órdenes de derribo que dictó estos últimos años la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. No obstante, para que esta regularización sea posible es precisa su ratificación por la Xunta. El proyecto tan sólo deja pendiente de resolver el expediente que pesa sobre una casa, según dijo el alcalde socialista, Enrique Álvarez Barreiro, momentos antes del inicio de la sesión plenaria.
Minutos después, durante el debate del plan general, el regidor no intervino, limitándose a asentir a los consejos que ofreció el portavoz de Alternativa Popular Galega, Francisco Quintas González. Tampoco participó María Jesusa Candal Jarrín, cuyas únicas palabras fueron para solicitar una copia del acuerdo.
El papel de protagonista lo asumió Francisco Quintas, quien comenzó su exposición recalcando la 'imperiosa necesidad' de aprobar la normativa urbanística. 'O Plan responde ao intento de legalizar as construccións xa existentes. Non é un proxecto de futuro, é realista e necesario', dijo.
El edil explicó que las dos zonas de suelo industrial fueron ubicadas en los pueblos de Arcos y de Vilamartín. También dijo que en ambos casos, la superficie propuesta recoge simplemente la zona donde fueron construidas las naves que están pendientes de regularizar.
Añadió que las mayores dificultades para legalizar construcciones irregulares estriban en las zonas de expansión delimitadas para los pueblos de Córgomo y Valdegodos, debido a la gran cantidad de terreno que abarcan.
Después del repaso a las principales características del Plan Xeral, Francisco Quintas abogó por evitar los posibles defectos formales, con el fin de evitar que éstos puedan paralizar su aprobación. También propuso facilitar información a los vecinos y solicitar la suspensión inmediata de los expedientes sancionadores, argumentando que 'o que era ilegal, o Concello está a darlle unha solución legal', según dijo. Después de que el alcalde asumiese las recomendaciones del concejal de APGa, los nueve concejales presentes en el pleno de ayer aprobaron por unanimidad la propuesta.
ANTECEDENTES
Quince minutos bastaron para otorgar la aprobación a una normativa urbanística que comenzó a fraguarse hace aproximadamente 11 años, con el fallecido Manuel Candal Candal ocupando la alcaldía. Desde entonces, todas las corporaciones intentaron sacar adelante un reglamento que amenaza con costr una multa de más de 240.000 euros a un propietario.
En todo caso, la propuesta que Enrique Álvarez llevó al pleno aún debe superar la fase de alegaciones antes de ser devuelto a la Xunta. Entre sus principales escollos está el informe favorable de la Dirección xeral de Patrimonio, pues además de construcciones protegidas, como casas, el castillo de Arnado y el convento de Correxais, también aparecen dos médulas mineras romanas y las tradicionales covas.
Minutos después, durante el debate del plan general, el regidor no intervino, limitándose a asentir a los consejos que ofreció el portavoz de Alternativa Popular Galega, Francisco Quintas González. Tampoco participó María Jesusa Candal Jarrín, cuyas únicas palabras fueron para solicitar una copia del acuerdo.
El papel de protagonista lo asumió Francisco Quintas, quien comenzó su exposición recalcando la 'imperiosa necesidad' de aprobar la normativa urbanística. 'O Plan responde ao intento de legalizar as construccións xa existentes. Non é un proxecto de futuro, é realista e necesario', dijo.
El edil explicó que las dos zonas de suelo industrial fueron ubicadas en los pueblos de Arcos y de Vilamartín. También dijo que en ambos casos, la superficie propuesta recoge simplemente la zona donde fueron construidas las naves que están pendientes de regularizar.
Añadió que las mayores dificultades para legalizar construcciones irregulares estriban en las zonas de expansión delimitadas para los pueblos de Córgomo y Valdegodos, debido a la gran cantidad de terreno que abarcan.
Después del repaso a las principales características del Plan Xeral, Francisco Quintas abogó por evitar los posibles defectos formales, con el fin de evitar que éstos puedan paralizar su aprobación. También propuso facilitar información a los vecinos y solicitar la suspensión inmediata de los expedientes sancionadores, argumentando que 'o que era ilegal, o Concello está a darlle unha solución legal', según dijo. Después de que el alcalde asumiese las recomendaciones del concejal de APGa, los nueve concejales presentes en el pleno de ayer aprobaron por unanimidad la propuesta.
ANTECEDENTES
Quince minutos bastaron para otorgar la aprobación a una normativa urbanística que comenzó a fraguarse hace aproximadamente 11 años, con el fallecido Manuel Candal Candal ocupando la alcaldía. Desde entonces, todas las corporaciones intentaron sacar adelante un reglamento que amenaza con costr una multa de más de 240.000 euros a un propietario.
En todo caso, la propuesta que Enrique Álvarez llevó al pleno aún debe superar la fase de alegaciones antes de ser devuelto a la Xunta. Entre sus principales escollos está el informe favorable de la Dirección xeral de Patrimonio, pues además de construcciones protegidas, como casas, el castillo de Arnado y el convento de Correxais, también aparecen dos médulas mineras romanas y las tradicionales covas.
