Las pizarreras Irosa y Samaca de Valdeorras han recibido una notificación en las que se les comunica que el 29 de noviembre se realizará el desahucio, al que se opondrán
El desahucio de Irosa y Samaca, en Carballeda, se completará el 29 de noviembre. Esa es la fecha que el Juzgado comunicó a la empresa y que los representantes sindicales de sus 250 trabajadores conocieron el viernes, optando por guardar silencio. Podrían haberlo dado a conocer inmediatamente, pero prefirieron guardar silencio. Ese mismo día 22, 3.500 personas se manifestaron por la travesía de O Barco en apoyo a la plantilla y en defensa también de los otros 250 empleos indirectos. Quienes en esos momentos conocían la orden prefirieron callar para evitar cualquier riesgo de incidentes.
Una vez que la manifestación pertenece al pasado, la situación es muy distinta. Así lo hizo ver ayer el coordinador comarcal del sindicato CIG, Francisco Moral, quien advirtió que “non imos permanecer de brazos cruzados. Imos intentar impedir que leven a cabo o desafiuzamento”.
Desde la empresa, su director, Rogelio López, aseguró que “estamos trabajando a tope para buscar una solución”, añadiendo inmediatamente: “Vamos a hacer todo lo posible para arreglarlo”.
Hay que señalar que el pasado martes, 19 de septiembre fueron cerradas las oficinas y el almacén de Samaca, pero no las naves de producción de pizarra, por la oposición de los trabajadores. De no surgir novedades, el 29 de noviembre se completará el lanzamiento.
El conflicto
El conflicto comenzó en 2014, al vencer el arrendamiento de los terrenos de la Comunidad de Montes de Portela y Trigal. La falta de acuerdo condujo a un largo litigio que desembocó en el desahucio. En los últimos días, las partes mantuvieron algún contacto que, por el momento, no fructificó. Mientras, la empresa continúa su actividad en las instalaciones aún abiertas.
Irosa y Samaca agradecieron a las “aproximadamente 4.000 personas que en la tarde de este viernes se manifestaron en O Barco a favor del mantenimiento de su actividad y empleo”. Lamentan que el conflicto “pueda dejar sin trabajo a más de 300 personas, lastrando la economía de la comarca” y afirman que los apoyos que recibieron son “una inyección de ánimo”, añadiendo que “el clamor popular, nos da la razón frente a aquellos que quieren destruir la economía de la comarca en base a intereses espureos y personalistas”
