“Nós non somos xuíces nin podemos decidir. Non imos, nin podemos, nin debemos decantarnos por ningunha das partes en litixio. Pero somos quen vai pagar as consecuencias de se levar a efecto o deafiuzamento e peche das empresas nas que traballamos”.
Estas palabras son de Ramón Porto, uno de los 250 trabajadores de Irosa y Samaca, sindicalista de la CIG y presidente del comité de empresa de Irosa. Las dijo en Viloira, al finalizar una manifestación que, según las fuerzas de seguridad, unió a 3.500 valdeorreses para corear “Irosa no se cierra”, en apoyo de las plantillas.
Cuatro días antes, una orden judicial cerraba las oficinas y el almacén de Samaca, impidiendo a los trabajadores la paralización de más dependencias, donde continúa la producción. El desahucio fue realizado a pesar de existir un acta de expropiación de los terrenos. Pero el conflicto comenzó en 2014, al no llegar a un acuerdo las empresas y la Comunidad de Montes de Portela y Trigal sobre el arrendamiento de los terrenos.
A la manifestación acudieron alcaldes y representantes de las fuerzas políticas, empresariales y sindicales de la comarca y la provincia. “Valdeorras está muy preocupada por la situación laboral de los trabajadores. Es un orgullo que toda Valdeorras apoye a los trabajadores de Carballeda”, dijo María del Carmen González, alcaldesa del Concello donde están ubicadas las empresas. “Un problema xurídico privado desta natureza non pode prevalecer por riba da actividade das empresas e cremos que hai que atopar unha solución”, comentó el diputado popular Celso Delgado.
“Entendemos que tienen que buscar una salida buena para todos”, comentó David Martínez, tesorero de la Confederación Empresarial de Ourense. “Se ha visto que el pueblo tuvo una gran sensibilidad ante el problema de los trabajadores, que están en situación complicada”, dijo Araceli Fernández, presidenta de la Asociación Empresarial de Valdeorras.
El coordinador valdeorrés de la CIG, Francisco Moral, fue rotundo: “O hai unha solución, ou non imos quedar de brazos cruzados”, y Justo Fernández, secretario xeral de Industria de Ourense-Valdeorras, planteó “que a clase traballadora non pague as consecuencias dun malentendido entre patroal e concesionarias”.
A su vez, Sara Buitrago, vecina del Trigal (donde están las naves), generó un fuerte malestar al afirmar que la junta de la Comunidad de Montes de Portela y Trigal, “formada exlusivamente por la familia del señor Odilo Fernández”, admitió el jueves al abogado “José Antonio Iglesias y a Bienvenido Domínguez” como comuneros “sin cumplir ninguna de las condiciones estipuladas por la ley para solicitar y conseguir dicha condición”. Fuentes de los comuneros respondieron que la vecina “no es la representante legítima de nada”.
