El censo de viviendas de A Rúa no incluye a la totalidad de las existentes, unas 120 no aparecen en el catastro y sus propietarios no pagan los tributos que sí abonan sus vecinos.
El equipo de gobierno lleva nueve años intentando ajustar a la realidad el catastro, según dijo ayer el alcalde 'popular', Avelino García Ferradal. Explicó que la empresa que realizaba estas gestiones no funcionó bien, por lo que el socialista Luis Fernández Gudiña entregó el servicio a Catoure tras acceder a la Alcaldía. En ese momento, hace dos años, fue cuando los agentes de la Policía Local y los técnicos municipales iniciaron una recopilación de información que después entregan a Catoure y que ya comenzó a dar sus frutos.
Estos buenos resultados permiten al Concello manejar un aumento de los ingresos procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles en casi 60.000 euros, cantidad que también incluye el incremento del impuesto -que pasará del 0,55 al 0,61%-, según dijo el alcalde. Avelino García explicó que los servicios municipales enviaron 40 cartas a los propietarios de edificios y viviendas poniéndoles al corriente de la situación irregular de sus inmuebles. El aviso provocó la inmediata respuesta de los destinatarios, que anunciaron su intención de poner fin a este estado de cosas. 'La respuesta fue masiva. En muchos casos, las viviendas no fueron registradas por ignorancia', dijo el regidor. Añadió que el plan municipal pretende 'ayudar a las personas que querían legalizar su situación y no lo hacían'.
La oferta que el Concello realizó a los propietarios de viviendas que lleven años construidas sólo contempla el pago del IBI de los últimos cuatro ejercicios, con independencia del tiempo que haya transcurrido desde que la obra fue finalizada.
Los propietarios pueden elegir entre esa opción o abonar la licencia de primera ocupación, una alternativa que favorece a aquellos propietarios que puedan abrir un negocio en su edificio. Los que deseen sumarse a esta 'anmistía' municipal aún tienen una ventaja más, pues si el pago que deben afrontar es elevado, pueden proratearlo o negociar su abono en varias entregas. 'Queremos ayudar, favorecer que todo el mundo pueda censar sus propiedades', dijo Avelino García.
Estos buenos resultados permiten al Concello manejar un aumento de los ingresos procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles en casi 60.000 euros, cantidad que también incluye el incremento del impuesto -que pasará del 0,55 al 0,61%-, según dijo el alcalde. Avelino García explicó que los servicios municipales enviaron 40 cartas a los propietarios de edificios y viviendas poniéndoles al corriente de la situación irregular de sus inmuebles. El aviso provocó la inmediata respuesta de los destinatarios, que anunciaron su intención de poner fin a este estado de cosas. 'La respuesta fue masiva. En muchos casos, las viviendas no fueron registradas por ignorancia', dijo el regidor. Añadió que el plan municipal pretende 'ayudar a las personas que querían legalizar su situación y no lo hacían'.
La oferta que el Concello realizó a los propietarios de viviendas que lleven años construidas sólo contempla el pago del IBI de los últimos cuatro ejercicios, con independencia del tiempo que haya transcurrido desde que la obra fue finalizada.
Los propietarios pueden elegir entre esa opción o abonar la licencia de primera ocupación, una alternativa que favorece a aquellos propietarios que puedan abrir un negocio en su edificio. Los que deseen sumarse a esta 'anmistía' municipal aún tienen una ventaja más, pues si el pago que deben afrontar es elevado, pueden proratearlo o negociar su abono en varias entregas. 'Queremos ayudar, favorecer que todo el mundo pueda censar sus propiedades', dijo Avelino García.
