El conflicto surgido en la comunidad de montes de mano común de Portela y Trigal (Carballeda de Valdeorras) continúa adelante con el anuncio de la asociación Agrogandeira do Macizo Central (Agromacen), que preside Pedro Rodríguez Parente, de acudir a los responsables de Medio Rural y la Agencia Tributaria, entre otros organismos. El colectivo se mostró muy crítico con la suspensión de varios comuneros y afirmó que informará de unas “prácticas que son una lacra, sobre todo en comunidades de montes con recursos económicos importantes”, generados por los terrenos que trabajan empresas productoras de pizarra.
Agromacen critica la suspensión de comuneros por “dos señores que no tienen su residencia en Carballeda” y se quejó de que la comunidad de montes, que “componen cinco familiares del presidente”, recurriese ante la Audiencia Provincial una sentencia del Juzgado de O Barco disponiendo la restitución de los comuneros suspendidos, afirmando que la junta rectora deberá responder de los daños y perjuicios.
El abogado de la comunidad, José Antonio Iglesias Franco, que representa a la junta rectora, desmintió que sus integrantes fuesen familiares e indicó que cinco comuneros fueron suspendidos durante cinco años “por actuar en contra de la comunidad”. Atribuyó la decisión a la asamblea, afirmando que “no es cosa de una persona”.
