Los propietarios de una veintena de viviendas y naves de Vilamartín se enfrentan al pago de multas por irregularidades urbanísticas, que en algún caso llegan a superar los 200.000 euros, según fuentes municipales. Sus cuantías son muy variadas y son comunicadas directamente a los dueños. En todo caso, en el Concello se habla de expedientse de 6.000, 60.000 e incluso 90.000 abiertos a familias vilamartinesas. La aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) abre la vía para legalizar las construcciones que infringieron la normativa urbanística pero no exime del pago de las sanciones económicas.
'As casas son legalizables pero as sancións van aparte. Non está todo solucionado', afirmaron fuentes municipales. Añadieron que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística llevó a la vía judicial los expedientes abiertos en Vilamartín, lo que complica aún más un arreglo negociado. Las multas se presentan como 'unha carga moi grande' para unas economías que, en algunos casos, afrontan a duras penas la crisis económica. 'A situación non é moi boiante', corroboraron en el Concello. Además, las gestiones encaminadas a retirar o aminorar las sanciones también tienen su coste.
El PXOM de Vilamartín fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 30 de enero, por lo que aún es pronto para conocer la respuesta de la Administración autonómica a las alegaciones de los expedientados. 'No creo que, si se realizaron solicitudes para la retirada de las sanciones, la Xunta tuviese tiempo material para contestar', explicó ayer la alcaldesa popular, María Jesusa Candal Jarrín.
La regidora solicitó una reunión con Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, para buscar una solución. En todo caso, María Jesusa Candal explicó que 'el PXOM lo que solucionaba era la no demolición'.
El PXOM de Vilamartín fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 30 de enero, por lo que aún es pronto para conocer la respuesta de la Administración autonómica a las alegaciones de los expedientados. 'No creo que, si se realizaron solicitudes para la retirada de las sanciones, la Xunta tuviese tiempo material para contestar', explicó ayer la alcaldesa popular, María Jesusa Candal Jarrín.
La regidora solicitó una reunión con Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, para buscar una solución. En todo caso, María Jesusa Candal explicó que 'el PXOM lo que solucionaba era la no demolición'.
