Entra en vigor una ley en la que se podrían ver afectados entre 5.000 y 25.000 inmuebles ourensanos
"Un día histórico". Así definió Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, la entrada en vigor ayer de la Lei de Rehabilitación, que podrá afectar en especial a la provincia de Ourense, con entre 5.000 y 25.000 inmuebles declarados en ruinas o en mal estado. "É unha lei moi demandada, moi necesaria e que está espertando gran interese en concellos, empresarios e propietarios", manifestó Vázquez.
Ante las dudas surgidas estos días, la conselleira aclaró que habrá 12 líneas de ayuda para cumplir con esta orden de rehabilitar edificios y casas en estado de abandono en cascos antiguos y zonas rurales, con el objetivo de "dinamizar" estas zonas.
Esta norma incluye un censo de edificios abandonados, para comenzar a solicitar a los propietarios la puesta en valor de los mismos, así como la imposición de un canon, la expropiación –como último recurso– o la agilización de autorizaciones para cambio de cubiertas, actuaciones de carpintería exterior, fachadas e interior de edificaciones.
Se prevé actuar en 100.000 viviendas de toda Galicia, con gran afección en Ourense, ya que, según los datos del último censo recogido por el Instituto Galego de Estatística, hay 5.036 inmuebles catalogados como "ruinosos", 2.378 edificios y 2.658 casas. Es así, con diferencia, la provincia con más casos de Galicia, con casi una tercera parte del total de inmuebles en ruinas (17.377). Ourense también lidera los datos de edificios catalogados en "mal estado", con 19.794 sobre un total de 62.500.
Para hacer efectiva la ley, se prevé la declaración de Áreas Rexurbe para núcleos históricos o áreas especialmente degradadas, como zonas rurales.
Los pormenores de la ley y una nueva en el horizonte para terrenos en abandono
Con esta Lei de Rehabilitación, la Xunta tendrá capacidad para expropiar viviendas en ruinas en cascos históricos y núcleos degradados, y pagarlas por la mitad de su valor catastral. Habrá avisos, pero una vez iniciado el expediente tendrá que apreciar una voluntad clara por parte del propietario para sacar al inmueble de la situación de ruina. Los edificios abandonados que sean identificados por concellos y el Instituto Galego da Vivenda e Solo tendrán un impuesto especial, que se pagará desde enero del 2020 sobre el valor catastral, a lo que se añadirá una carga a un ritmo del 10 % por cada año.
Esta es una de las patas de impulso a un rural en el que la Xunta está trabajando y para el que prepara nuevas normativas. Uno de los retos es la puesta en valor de terrenos abandonados. "Tenemos miles de hectáreas abandonadas y con dueños desconocidos", lamentaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Para ello, la Consellería de Medio Rural presentará los próximos meses una ley de movilización de tierras improductivas en el rural, en el que el propietario no pierda la propiedad. Las experiencias piloto se realizarán en Ourense, y Feijóo calcula que se entregarán las primeras hectáreas a principios de 2020: "Sabemos lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y vamos a empezar con experiencias piloto para los que quieran ejecutar un proyecto agrario o forestal".
Otra de las novedades es la agregación de parcelas, para dinamizar el comercio en el Casco Vello o que dos o tres edificios se puedan unir para tener un ascensor o cumplir requisitos de un código técnico. Además, se castigará con entre 300 y 150.000 euros las pintadas en los cascos históricos, uno de los actos de vandalismo más extendido.
