El acusado advierte que no tiene dinero para pagar la indemnización
Juan Castro Padilla, acusado de un delito contra la intimidad por divulgar vídeos de alto contenido erótico de su expareja, pudo ser juzgado en el Penal 2 de Ourense. Era la cuarta vez que se convocaba la vista oral y en esta ocasión compareció por videoconferencia desde La Palmas.
Y a través de este soporte también se confesó culpable ante el juez y aceptó la pena tras la propuesta de la fiscal de rebajarle a un año de cárcel, 720 euros de multa y 6.000 euros de indemnización por daño moral a los hijos de la víctima (la denunciante falleció en octubre de 2012). Eso sí, el inculpado aprovechó su corta intervención para dejar claro que la pensión no contributiva que recibe no le permitiría hacer frente a la responsabilidad civil derivada de este proceso. El juez le aclaró que ese no era el momento de hablar de dinero, emplazándolo a la ejecución de la sentencia. También le explicó que no podrá delinquir en dos años para evitar el ingreso en prisión.
Castro Padilla mantuvo un breve romance con una vecina de Leiro entre octubre de 2010 y enero de 2011. Durante ese periodo, sin el conocimiento de la pareja, grabó los contactos íntimos que mantenían a través de la webcam de sus respectivos ordenadores.
Una vez finalizada la relación, con el único objetivo de humillarla y atentar contra su imagen pública, el acusado difundió cinco vídeos sin autorización de la denunciante en YouTube. En tres de ellos, con títulos como "la abuelita porretas" o "una mujer desesperada busca hombres en Leiro" o "la rompe matrimonios", aparecía desnuda.
Su acción no se detuvo ahí y siguió poniendo altavoces a la intimidad de la mujer. Cada vez que colgaba un vídeo en el portal de internet, se lo comunicaba por teléfono, enviándoles mensajes a ella y sus familiares o allegados. Incluso envió un fax a la asistente social de Leiro en donde se la informaba de la existencia de esos vídeos. La obsesión por acabar con su imagen llegó al punto de enviar cartas con los vídeos a las amistades de la denunciante e incluso a miembros de la Corporación de Leiro.
La perjudicada, según se recoge en la sentencia, sufrió un grave quebranto en su imagen pública. Sus familiares, amigos o su entorno laboral accedieron a los vídeos que divulgó el inculpado.
La conformidad entre su letrado y la fiscal lograron rebajar la pena de forma considerable con respecto a la petición inicial (cuatro años de prisión, 8.640 euros de multa y 10.000 euros de indemnización).
La mujer decidió romper porque él estaba casado
El acusado y la víctima se conocieron por internet ya que que él vivía en las Las Palmas y ella en Leiro. Comenzaron siendo amigos hasta que decidieron verse en persona. Durante dos meses, él estuvo viviendo en su casa hasta que regresó de nuevo a Canarias. En un posterior encuentro en febrero de 2011 en Leiro, la mujer decidió romper la relación cuando se enteró que Castro estaba casado.
La denunciante aseguraba que no sólo había vídeos en la Red sino también cedés con imágenes obtenidas a través de los contactos por webcam o cuando compartieron tccho. Ella, según dijo a la Guardia Civil, desconocía que se pudieran grabar aquellas conversaciones íntimas.
