Toda época de crisis lleva aparejada un aumento de la litigiosidad y, desgraciadamente, esta emergencia médica del COVID-19 va a ir acompañada de una grave crisis económica, que tendrá su repercusión en un notable aumento de pleitos laborales, mercantiles y civiles. A ello debemos añadir que el confinamiento obligatorio ha generado una paralización de la Administración de Justicia en Ourense, ocasionada por la suspensión de plazos procesales y por las propias medidas de alejamiento social que han reducido la actividad de las sedes judiciales a la tramitación de medidas urgentes.
Frente a lo que pudiera parecer, no se nos presenta un panorama desolador, sino un problema de incremento de carga de trabajo al que debemos enfrentarnos con racionalidad para evitar que pueda derivar en una congestión del sistema, demorando los tiempos de resolución a unos límites no admisibles. A pesar de estos intensos nubarrones veo un rayo de optimismo en la generación conjunta de ideas que todos los operadores jurídicos (CGPJ, abogados, procuradores, administración prestacional) están poniendo sobre la mesa para ordenar, agilizar e implantar nuevas medidas que al mismo tiempo que dan solución al problema supongan una efectiva modernización de la administración de justicia.
Así al incremento notorio en la utilización de medios tecnológicos, tanto para una efectiva puesta en funcionamiento del teletrabajo por parte de funcionarios y jueces como para el desarrollo de actuaciones procesales (con la generalización del uso de la videoconferencia), se unen medidas organizativas, con un plan escalonado de presentación de escritos y demandas una vez se levante el estado de alarma, plan de señalamiento de los juicios suspendidos, reorganización de juzgados con la posibilidad de su declaración como exclusivos en una materia, reorganización de personal, con movilidad de refuerzos de órganos con menor carga de trabajo, o modificación de normas de reparto para adecuar esa misma carga. A ello se une la propuesta de medidas de modificación normativa en todos los ámbitos jurisdiccionales, con propuestas de despenalización de algunos delitos leves, sentencias in voce en delitos leves, supresión de recursos en fase interlocutoria o medidas que pretenden incrementar la mediación, las conformidades o reforzar el principio de oportunidad del Ministerio Fiscal para alcanzar un mayor número de acuerdos.
