Murphy for president

Murphy for president

Si algo puede salir mal, saldrá mal". La ley de Murphy domina ya todos los registros de la política española con estruendo de catástrofe. Es la consecuencia lógica de dos décadas -desde las armas de destrucción masiva hasta la masiva destrucción social de la crisis- dominadas por el sectarismo, la intransigencia, la banalidad y la falta de talento de las élites partidistas a las que hemos entregado el poder. De las transgresiones de estos años al sentido común democrático destaca el contumaz ataque a la separación de poderes, con la grosera derivada de judicializar la política y viceversa que estos días estalla en Catalunya.

Que la promiscuidad entre política y justicia es mal negocio lo sabe cualquiera en sus cabales. El Gobierno, no. Y los demás actores políticos y un organismo troncal en la defensa de la ley y del interés público como el Ministerio Fiscal, al parecer tampoco. De ahí que el Gobierno quiera esconder bajo las togas su incapacidad para afrontar un problema básicamente político, y el Fiscal General actúe con un ardor militante y una verborrea tan inquietantes como prescindibles. El resultado no puede ser peor: La política en almoneda, la justicia zarandeada desde impostados respetos o vituperios según las trincheras cambiantes con cada una de sus decisiones, y el país patas arriba con serias trazas de empeorar.

Las banderías retuercen ideas y -como en el tango de Discépolo- palabras nobles sucumben mezcladas sin pudor en la vidriera escandalosa del cambalache y la posverdad. Que Puigdemont se proclame exiliado es una ruin profanación de la palabra exilio. Que algunos iluminados hablen de presos políticos mientras preparan sus listas para unas elecciones libres es un ultraje. Y decir que el Govern está encausado por ser independentistas es una infamia. Govern y Parlament podían tramitar cualquier propuesta, incluida la de constituir una república independiente. Pero ese derecho duró exactamente hasta que el Tribunal Constitucional lo anuló y decidieron desobedecer. A partir de ahí vulneraron su primer mandato que era cumplir y hacer cumplir la ley, e intentaron subvertirla sin respetar sus mecanismos de modificación o derogación, para escindir una parte del Estado del que eran sus máximos representantes.

Con todo, la prisión incondicional es un terremoto que siembra de minas una solución templada del conflicto. La inquietud no deriva tanto del uso victimista que se hace ya de la decisión judicial, cuanto de su proporcionalidad. Y sobre todo de la actuación del fiscal Maza, un Fiscal General lenguaraz e imprudente nombrado por el Gobierno, cuya preeminencia jerárquica impone su impulso maximalista a la actuación de la Fiscalía en este proceso. Que debe aplicarse la ley no es discutible. Que ha de hacerse con mesura, tampoco. La justicia no tiene por qué acomodarse a criterios de oportunidad política, pero no comparto esa línea de pensamiento según la cual el juez debe imponer la ley, ajeno a las circunstancias o consecuencias que pueda conllevar. En mi opinión el juez debe tener en cuenta todo lo que rodea sus decisiones, para que la restitución del bien jurídico quebrantado se haga mediante los mecanismos, medios y proporción necesarios y no genere mayor daño del que intenta corregir.