La sentencia de la Audiencia Provincial que absuelve al exalcalde Paco Rodríguez y a tres concejales y un director general del gobierno municipal del PSOE y el BNG en Ourense por el llamado “caso de las asistencias técnicas”, es la última carta que cae del castillo de naipes judicial que acabó injustamente con aquel gobierno progresista.
Otro exalcalde, Agustín Fernández, hacía ayer en La Región un relatorio de las innumerables causas judiciales -plaza de San Antonio, Universidad, Matadero, Ayuda a Domicilio, Pórtico do Paraíso, Asistencias Técnicas- que minaron la gestión de aquel gobierno hasta derribarlo, para terminar todas archivadas o en clamorosas sentencias absolutorias.
Comparto con Agustín la vergüenza por la cacería político-judicial que terminó alterando la voluntad democrática de los ciudadanos, socavando injustamente los cimientos de un gobierno legítimo y, a la postre, poniendo en el Concello a algunos de los “cazadores” y sus cómplices. Añado por mi cuenta la vergüenza por el fuego graneado de “francotiradores amigos” de no hace tanto, y mi inquietud por la tibia, cuando no inexistente, reacción de la dirección del Partido Socialista para reivindicar a los compañeros damnificados, al menos ahora que han sido proclamados oficialmente inocentes.
Pero esas cuentas quedan para otros balances, porque en este despropósito me parece más urgente reflexionar sobre la actuación de la Justicia. O al menos de algunos representantes en Ourense de esa Justicia, tercer poder del Estado, que al ser el que más directamente opera sobre nuestras honras, haciendas, derechos y libertades debe estar sometido a más riguroso control.
Que la Justicia tiene el derecho y el deber de salvaguardar la ley está fuera de duda. Que no debe acomodar su acción a criterios políticos, también. Pero en absoluto puede actuar a la ligera o de forma tan imprudente que su actuación para restituir un bien jurídico supuestamente alterado cause más daño del que pretende corregir.
La profusión de procedimientos penales contra el anterior gobierno municipal que han terminado en su totalidad archivados o con sentencia absolutoria, obliga a formularse preguntas nada tranquilizadoras sobre la actuación de algunos jueces y fiscales de Ourense en estos casos:
1. ¿Es normal tramitar hasta llevar a juicio denuncias de políticos, sindicalistas o promotores, trufadas de intereses particulares fáciles de detectar para cualquiera que no viva en una burbuja? ¿Es prudente extender esta práctica hasta convertir el procedimiento penal en un barbecho lato para actuaciones espurias?
2. ¿Cuántas absoluciones más hacen falta para pedir perdón al gobierno municipal del PSOE y el BNG, atropellado por una acción fiscal y judicial manifiestamente incompetente y abusiva, al menos en Instrucción y Primera Instancia?
3. ¿Cuántas absoluciones más hacen falta para investigar la actuación de fiscales, instructores y jueces que tramitaron aquellas denuncias espurias y políticamente contaminadas y abrieron interminables procedimientos penales sobre asuntos meramente administrativos, en flagrante olvido del principio de intervención mínima y grave abuso de la instancia penal?
4. ¿Cuántas absoluciones hacen falta para que, si no se abre otro tipo de investigación sobre la actuación de estos jueces y fiscales, al menos se evalúe su solvencia y capacitación técnica?
5. ¿Se toleraría el mismo nivel de error en representantes de cualquiera de los otros dos poderes del Estado, Gobierno o Parlamento? ¿Es lógico entonces, y por poner un solo ejemplo, que pueda repetir la altísima responsabilidad de presidir la Audiencia un profesional que indagó durante años evanescentes ilícitos penales en el interminable sumario de Ayuda a Domicilio que acabó con un clamoroso archivo de su propia Audiencia?
6. ¿En algún momento la Justicia, que emana del pueblo, informará al pueblo de cuánto dinero de nuestros impuestos ha gastado en estos procedimientos penales fallidos con tan magros logros para la propia Justicia y tan demoledores para el alcalde y los concejales de un gobierno municipal legítimo, democrático… e inocente?
Cuando Pilar de Lara puso en marcha la delirante operación contra el alcalde Paco Rodríguez, desencadenó una tormenta injustificable que puso la política local patas arriba. Siete años después, aquella jueza está suspendida e investigada por el presunto delito de filtrar sumarios que ella misma declaraba secretos. Pero el paisaje de la política ourensana después de la batalla es más desolador que nunca.
