El papel lo aguanta todo... la realidad de las familias, no. Y por esto mismo, el 28M únicamente ha sido el adelanto de lo que va suceder el 23J. El actual Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido recientemente aumentar la oferta de vivienda en alquiler asequible y social en España. En total, todos los programas desarrollados hasta la fecha, conjuntamente con todos los anunciados hace escasas semanas, sumarían un total de 183.040 viviendas. Las cuales, virtualmente, se pondrían en marcha a través de diferentes planes, según el propio Gobierno.
Y desde esta columna cuestiono, con los mismos datos oficiales, está expetactiva de virtual planificación -al igual que realicé en su momento con la de la Sareb en Galicia-, por no corresponderse con la realidad, creando falsas expectativas que potencian únicamente la ansiedad de quienes necesitan y buscan una vivienda, principalmente nuestros jóvenes y las familias vulnerables. Lo cual no es de recibo, ni ahora ni nunca.
Y empiezo con los datos, insisto, los oficiales. Número de viviendas por provincias, presuntamente “movilizadas” por el Gobierno bipartito de Pedro Sánchez:
Ourense, total: 6 (Plan Estatal de Vivienda: 6; Plan de Recuperación: 0; Sepes: 0; acuerdos con entidades locales: 0).
Lugo, total: 164 (Plan Estatal de Vivienda: 94; Plan de Recuperación: 58; Sepes: 12; acuerdos con entidades locales: 0).
A Coruña, total: 187 (Plan Estatal de Vivienda: 29; Plan de Recuperación: 158; Sepes: 0; acuerdos con entidades locales: 0).
Pontevedra, total: 348 (Plan Estatal de Vivienda: 65; Plan de Recuperación: 283; Sepes: 0; acuerdos con entidades locales: 0).
En total, 705 viviendas en el conjunto de los 313 ayuntamientos de Galicia, de las cuales 499 estarían a disposición de los solicitantes en un plazo de entrega de 10 años. Es decir, para 2033. Con lo cual, y en un plazo nunca inferior a 5 años, únicamente 206 viviendas estarían disponibles en el conjunto de los 313 ayuntamientos, y eso en el mejor de los casos.
Las familias gallegas quieren soluciones para accder a una vivienda, y la reciente Ley de Vivienda es únicamente un despropósito que se lo complica aún mas. Es inconstitucional, ataca la propiedad privada y debe ser derogada o modificada sustancialmente, lo antes posible, por el nuevo Ejecutivo de la nación, que previsiblemente será muy distinto al actual. Me quedo perplejo al comprobar con los datos oficiales en la mano, cómo el actual Ejecutivo de nuestro país no espera aumentar la inversión pública en vivienda en términos de PIB en los próximos años. Ya que, según el contenido del Programa de Estabilidad que se envió en su momento a la UE, y en el que cada país europeo rinde cuentas ante la Comisión Europea sobre las reformas que prevé llevar a cabo y resume sus principales proyecciones macroeconómicas, la planificación oficial enviada destina el mismo 0,5% del PIB a vivienda y servicios comunitarios hasta el año 2026 inclusive. Es decir, la misma partida destinada tanto en 2021 como en 2022, con lo cual las 183.000 viviendas anunciadas quedan en un limbo presupuestario total en los próximos cuatro años. Y es más, observando la Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas, que contempla el Programa de Estabilidad, descubrimos que la vivienda es la partida que va concentrar menos gasto público, con lo cual todo lo anunciando grandilocuentemente queda a los pies de la más absoluta de las mentiras, en fin.
