Las primeras operaciones de venta de propiedades ocupadas y con okupas en su interior, en Galicia, concretamente en la ciudad de Vigo, ya se están produciendo. Y ello conlleva, se diga o no, una lamentable, ”normalización”, de la ocupación de una propiedad y de sus posteriores usos. Voy con los datos.
-El norte de Galicia acapara el 66% de las okupaciones en los últimos dos años.
-La ciudad de A Coruña es la más afectada seguida de las ciudades de Vigo y Lugo.
Y es que la okupación se ha agravado en los últimos años y muchas de las ocupaciones ya ni siquiera se denuncian ante la inseguridad jurídica y la tardanza judicial para solucionar el problema. Con lo que son cada vez más los propietarios afectados por esta lacra los que contratan servicios de empresas de okupaciones, o intentan llegar a un acuerdo económico con los okupas. Lo que es muy preocupante por el efecto multiplicador que ello conlleva para erradicar este grave problema. Y que hace el legislador? De momento nada de nada. A principios de este año se presentó una enmienda, incluida en el proyecto de la Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por el que los jueces podían ordenar desalojar un propiedad okupada en un plazo máximo de 48 horas, incluyendo así un nuevo punto en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, los jueces podrían iniciar el proceso de desalojo en los casos de allanamiento de morada como de usurpación de inmuebles en el plazo de 48 horas desde que el propietario lo denuncia o recibe el atestado policial. Pero tal enmienda se diluyó como un azucarillo en el café.
Según algunas estimaciones, a lo largo del 2022 se han producido más de 660 propiedades okupadas ilegalmente en el conjunto de los 313 Concellos de Galicia. Las cuales no se corresponden a las denuncias presentadas ante la lentitud de un sistema judicial y una legislación que no soluciona la tremenda inseguridad jurídica en este complejo tema. Por lo que recomiendo que los propietarios afectados por una okupacion jamás deben negociar nada con los okupas. Como el pago de los suministros del piso para intentar aminorar el impacto económico. Actos que, aunque sean de buena fe, dan pie a los inquilinos ilegales, ya que dejan entrever que podría haber un contrato verbal de arrendamiento.
Y si el coste de los propietarios es altísimo, porque además de verse privados del uso de sus viviendas tienen que asumir el pago de los suministros que las viviendas tengan contratados a su nombre, además de seguir pagando los gastos comunitarios. Y por último, todos los gastos jurídicos que conlleven la tramitación procedimientos judiciales y los gastos para reparar los desperfectos existentes a la marcha de los okupas. Por lo que, recomiendo tener dados de baja los suministros del hogar, como la luz, el agua o el gas, en aquellas viviendas en las que se puede cometer un delito de usurpación mientras se encuentran vacías a la espera de un inquilino o un nuevo dueño.
La problemática de la okupacion de una propiedad se está cronificando en Galicia constituyendo ya un grave problema social al no existir una respuesta jurídica uniforme a un problema que se está enquistando en las grandes ciudades y municipios costeros más turísticos. Y es que, una buena parte de las okupaciones se producen únicamente para la presunta obtención de un lucro económico ilegal presionando a los legítimos propietarios para tal fin. Todo ello con una duración media de los procedimientos judiciales de desalojo por okupacion de una vivienda en Galicia es de 15 meses mientras que la media nacional es de 18 meses de duración.
Pero hoy voy profundizar un poco más en aquellos propietarios que puedan sufrir la okupación de su vivienda o se tope con impagos del arrendamiento sin atisbar una solución, y les adelanto que la nueva Ley de Vivienda deja a los propietarios, a todos, a los pies del total y absoluto desamparo. Y comienzo manifestando que me es difícil comprender cómo en pleno siglo XXI se puede legislar antinatura. Y más con los nocivos efectos que puede acarrear en una Comunidad Autónoma como la nuestra. Con más de 500. 000 viviendas desocupadas. Con más de 500. 000 emigrantes con propiedades en nuestra Galicia y que por estar fuera de su tierra las tienen vacías largos períodos de tiempo.
Empezar diciendo que será el demandante, y no el usurpador de la propiedad privada el que tenga que certificar y demostrar todos y cada uno de los puntos reclamados por la norma para garantizar que no se perjudica a una persona vulnerable. Y durante todo ese tiempo no habrá tramitación de su demanda.
Y es que el demandante, y no el usurpador de la vivienda, será quien tenga que acreditar absolutamente todo y demostrar todos y cada uno de los puntos reclamados por la norma para garantizar que no se perjudica a una persona vulnerable. Así está España a día de hoy.
