Que siete millones de ciudadanos en este país tengan dificultades para hacerle frente al pago de los recibos de la luz, o que a un alto porcentaje de empresas y comercios de todo tipo, el incremento de la electricidad les haya supuesto tener que recortar en personal o en el uso de maquinaria y equipamientos para poder costearse su consumo eléctrico, nos debería llevar a conclusiones que solucionasen este grave problema. Problemática que está arrojando a cientos de miles de familias hacia la pobreza energética. Pero compruebo que en vez de atajarlo lo agravamos, defendiendo más los intereses de poderosos monopolios que el interés general de la ciudadanía.
El nuevo mecanismo de revisión de precios de la electricidad va suponer una complejidad añadida y una falta de transparencia, al privar al usuario del derecho a conocer el precio del servicio antes de ser facturado.
La complejidad de un sistema "multitarifas" de hasta 1.400 precios horarios cada bimestre para los consumidores con contadores digitales, o 60 para los que dispongan de contadores analógicos, se va a traducir en un galimatías en el cual los precios no podrán ser comparados porque cambian cada hora, lo que impedirá la actualización de los diferentes comparadores de precios que existen en la actualidad para intentar contratar la oferta más ventajosa. Pero debemos conocer cuáles son los nuevos sistemas, ya que el nuevo mecanismo contempla cuatro modelos de facturación:
1. Consumidores con contadores analógicos: pagarán un precio fijo por cada megavatio hora consumido durante los meses facturados, y afecta a los que todavía disponen de contadores analógicos.
2. Consumidores con contadores digitales: se les facturará la electricidad en función del precio de mercado en cada hora de consumo. Este modelo afecta a unos 7 millones de usuarios que actualmente disponen de un contador digital, y afectará al conjunto de los consumidores en 2018, cuando el 100% debe tener instalados estos aparatos.
3. Precio fijo para el conjunto del año: los comercializadores están obligados a hacer una oferta a los consumidores para el conjunto del año con un precio fijo del kilovatio hora.
4. Acuerdo bilateral del precio: este sistema recoge la posibilidad de que cada consumidor llegue a un acuerdo bilateral con la empresa.
Esta es la teoría. La práctica ya la iremos viendo en el día a día, en un país donde la pobreza energética crece al mismo ritmo que una corrupción galopante que nos tiene a todos los ciudadanos anonadados ante tanta impunidad y ante tanto sinvergüenza.
España era ya en el 2012 el cuarto país de la UE con mayor cantidad de personas afectadas por la llamada "pobreza energética". Lo que ha derivado que el número de personas que no pueden pagar más por su consumo eléctrico haya aumentado un 34% en solo dos años, y ante un nuevo aumento en la tarifa eléctrica, muchos de ellos ya no podrán pagar el recibo de la luz. Apoyo la propuesta de que las compañías eléctricas no puedan cortar el suministro de la luz a una familia sin un informe previo de los servicios sociales de los ayuntamientos. Es lo justo y razonable en la búsqueda del equilibrio social .
