Caso Alves: la justicia no puede ser injusta

La reciente deliberación de la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de anular por unanimidad la condena de 4 años y medio de prisión al exfutbolista del Barcelona Dani Alves, por agresión sexual, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre qué necesita un hombre y qué necesita una mujer para ser condenado o absuelto en España. Solo hay un hecho indiscutible a día de hoy sobre este caso: nadie, excepto el supuesto agresor y la denunciante, pueden saber con certeza a día de hoy si hubo o no agresión sexual de Alves a la chica en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Y lo prueba el hecho de que la denunciante no ha logrado demostrarlo, razón por la que ahora cae la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona.

Por si fuera poco, en la parte objetivamente rastreable -lo que ocurre entre ambos antes de entrar al baño- por las cámaras de seguridad, el relato de la denunciante en la declaración no se corresponde con lo que ocurrió, lo que no implica que no haya habido agresión sexual en el baño, pero eleva una pregunta que la jueza debió hacerse: ¿por qué desestimar la declaración de la denunciante en la parte comprobable por los videos, por ser falaz, y en cambio otorgar toda credibilidad a su testimonio en la parte que no se ha podido probar, salvo por su propio testimonio, en lo ocurrido en el baño?

Frente a las agresiones sexuales, hay unanimidad en esto, todo el peso de la ley, y la máxima condena posible. Ahora bien, la condena a Dani Alves ha sido anulada después de unos cuantos meses en prisión, su familia, su entorno, su prestigio, y una gran cantidad de dinero invertida en su defensa, han sido dilapidados sin posible reparación; en una palabra, su vida ha quedado destrozada. Es algo que no nos conmueve si efectivamente agredió a la chica, pero qué ocurre si Alves es en realidad inocente. ¿Quién le puede devolver su vida, su honor, y su prestigio internacional como deportista de élite? Nadie responde.

Culpable o no, el caso de Alves trae a la palestra, en definitiva, una idea que nunca debieron perder de vista nuestros legisladores: no se puede impartir justicia partiendo de una premisa injusta, de un trato desigual

La presión mediática, la corriente progresista dominante, adicta a los juicios de telediario, la legislación tramposa de un falso feminismo impulsado por el mismo ministerio de Igualdad que no ha tenido reparos en soltar a cientos de violadores –estos sí, demostradamente culpables-, están causando graves perjuicios a multitud de hombres y sus familias –a veces también, por cierto, a sus mujeres-, y están poniendo en entredicho que sigamos viviendo en un estado de derecho.

Nuestro orden jurídico determina que no se puede condenar sin pruebas, y que es la culpabilidad lo que debe demostrarse y no la inocencia. Los nefastos empeños del Gobierno de Sánchez para dar más credibilidad a la declaración de una mujer que a la de un hombre, además de ser injustos, tienen graves consecuencias y, por si fuera poco, no contribuyen en absoluto a defender a las mujeres de los verdaderos agresores. Como muestra, un botón: hay innumerables abogados que, en procesos de divorcio, ofrecen como garantía a su cliente que denuncie al marido por malos tratos inexistentes, o cosas peores, con la seguridad de que eso le situará en una posición de fuerza ganadora durante el resto del itinerario. Esto, que son denuncias falsas y que, por desgracia, existen, no solo es una aberración y una injusticia, sino que una burda manera de frivolizar con los casos que –también existen, por supuesto- en los que sí se han producido malos tratos contra una mujer.

Culpable o no, el caso de Alves trae a la palestra, en definitiva, una idea que nunca debieron perder de vista nuestros legisladores: no se puede impartir justicia partiendo de una premisa injusta, de un trato desigual. Y, por supuesto, no se puede impartir justicia al albur de las corrientes ideológicas de cada momento. Y Alves, nos guste o no, fue condenado por la prensa internacional y por el Consejo de Ministros de Sánchez mucho antes de que la jueza le condenase en falso y lo enviara a prisión, en una decisión que ahora, tras un largo y costoso proceso judicial, ha tenido que anular el TSJC. Y no todos los acusados sin pruebas están teniendo esa misma suerte.