Ourense encadena, un año tras otro, varias décadas de promesas incumplidas. Obras comprometidas que no llegan a materializarse como sucede con el Museo Arqueológico, que lleva más de veinte años con las puertas cerradas; otras que permanecen años en un limbo administrativo sin que se sepa muy bien la causa y solo se reactivan de cuando en vez para lograr llamar la atención y así conseguir un titular con el anuncio de una inminente licitación que luego nunca se cumple... El ejemplo más cercano lo tenemos en la estación intermodal. Desde 2019, un delegado del Gobierno, un director general de Adif, una ministra y varios cargos intermedios han empeñado en falso su palabra anunciando la licitación de los primeros contratos para los meses siguientes sin que tal cosa ocurriese, al menos hasta el momento.
Ourense se ve nuevamente afectada por un agravio que la coloca en la cola de las provincias a las que el Gobierno presta atención
Esta misma semana era portada de La Región el bajísimo grado de cumplimiento de las inversiones comprometidas para 2022 en nuestra provincia: apenas el 14 por ciento de lo que el Gobierno había consignado en los Presupuestos Generales del Estado se convirtió en obra licitada. Si el dato es malo en sí mismo, situado en un año en el que se intentan restañar las heridas de la pandemia y al mismo tiempo nos vemos imbuidos nuevamente en la vorágine desatada por la gran inflación y los efectos de la guerra en Ucrania, se convierte en noticia desastrosa para toda la provincia. Es cierto que esas mismas circunstancias han tenido consecuencias en la obra pública, causando retrasos en las mismas como consecuencia de la revisión de precios obligada por los efectos adversos que han sobrevenido a lo largo del pasado año y que todavía padecemos. Pero por encima de esa situación coyuntural, Ourense se ve nuevamente afectada por un agravio que la coloca en la cola de las provincias a las que el Gobierno presta atención, precisamente en los momentos en los que más la necesita. Y el dato que apuntilla esa discriminación se desprende también de la materialización de los presupuestos de 2022: ocho de cada diez euros licitados en Galicia fueron para las provincias de A Coruña y Pontevedra, según datos que revelaba la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España sobre el pasado ejercicio hasta el mes de octubre. Una provincia, A Coruña, se llevó el 75 por ciento del valor de las licitaciones de toda Galicia hasta esa fecha. Ourense se quedó en quinto lugar por la cola de todas las provincias de España.
Con esta política, lejos de reducir la brecha que separa la Galicia interior y rural, cada vez más envejecida y empobrecida, de la Galicia costera y urbana, se está agrandando y no hace más que subrayar lo que llevamos tiempo denunciando: que buena parte de las grandes inversiones en infraestructuras que se realizaron en nuestra provincia no fueron por beneficiarla, sino por una mera servidumbre de paso, de las autovías primero, la línea de alta velocidad después y el corredor atlántico de mercancías ahora, que han cruzado y cruzan nuestro territorio porque es obligado camino para llegar a Vigo, a Santiago o A Coruña.
Hay un doble trasfondo en estos hechos tan lamentables. El primero, salta a la vista a tenor de los datos señalados. Hablamos de un cínico utilitarismo político en el que el Gobierno atiende con prioridad aquellos territorios con más población porque son también en los que más escaños se ponen en juego. A esta torticera interpretación del sufragio universal, en la que unos votos valen más que otros, hay que añadir la negligencia que se manifiesta en la gestión de los fondos públicos, porque en muchas ocasiones una licitación no cumple sus plazos por malas prácticas en su tramitación, una planificación inadecuada, trámites que incumplen fechas por desidia y que terminan suponiendo sobrecostes e incluso en ocasiones la pérdida de subvenciones comprometidas por no atenerse a los plazos señalados por las directivas comunitarias. Tan dañina es una causa como la otra y desgraciadamente hemos sufrido reiteradas veces los ejemplos de ambas.
2023 puede ser un buen momento para que quienes han ninguneado sistemáticamente los intereses de Ourense rindan cuentas de ello.
Nos queda la esperanza de que 2023 va a ser un año de elecciones municipales y ese es un estímulo para que los partidos que gobiernan hagan sus deberes con más diligencia de la que demostraron el año pasado. Es un lamentable consuelo pensar que tal vez gracias a eso, a su propio interés y no el de los ciudadanos, obras como el saneamiento integral del Barbaña, la intermodal, la circunvalación, las autovías hacia Valdeorras y Lugo y otros proyectos pendientes lleguen no ya a buen fin, sino al menos a un verdadero aunque retrasado comienzo. También es cierto que, como año electoral, 2023 puede ser un buen momento para que quienes han ninguneado sistemáticamente los intereses de Ourense rindan cuentas de ello.
