El año 2017 va a cerrarse sin que el ramal de Taboadela haya sido adjudicado y sin que las obras para adaptar la línea convencional desde esa localidad hasta la estación de Ourense hayan sido licitadas, dos requisitos necesarios para que los trenes de alta velocidad pudiesen llegar a la estación de Ourense antes de finalizar 2019. Esa era la nueva fecha que proponía a poco de llegar al gabinete el entonces nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Recientemente, los ingenieros del Adif mostraron a los medios de comunicación gallegos los viaductos de un tramo de 2,3 kilómetros cuyo contrato fue adjudicado en febrero de 2012 y que están todavía sin construir. En 70 meses no han logrado terminar los caminos de acceso para que las máquinas puedan llegar hasta donde deben realizarse las cimentaciones de los pilares que los sostienen. Aseguran que se conseguirá concluir uno de esos viaductos en año y medio para que al menos se pueda cumplir el compromiso de que el tren llegue a Ourense en pruebas antes de concluir ese año.
Desde que un ministro de Fomento habló por primera vez del AVE a Galicia, hace ya más de quince años han pasado por ese departamento cinco. Todos se comprometieron con Ourense fijando una fecha que no se cumplió.
La historia del AVE a Galicia es el fruto de una sucesión de incumplimientos políticos. Pero también de engaños y ocultaciones. ¿Cuántos veces se han dado ruedas de prensa glosando los cientos y hasta miles de millones que se consignaban en cada anualidad de los Presupuestos Generales del Estado para el AVE gallego y al cabo del año más de la mitad de esas cuantías, y a veces más del 80 por ciento, se quedaban en el papel sin tener traslado a la realidad? ¿Cuántas visitas a pie de traza, para afirmar que las obras avanzaban a buen ritmo y que los plazos se iban a cumplir holgadamente, mientras en el tramo de al lado las empresas contratadas mandaban a sus trabajadores a casa porque no había presupuesto?
A lo largo de estos quince años Ourense ha demostrado ser una ciudad más comprensiva y paciente que fiables los políticos que se acercaron a ella para anunciar solemnemente fechas que el tiempo se ocupó de desmentir: 2010, fue la que señaló Francisco Álvarez Cascos; 2012, Magdalena Álvarez; 2015, José Blanco; 2018, Ana Pastor. ¿Qué pasará con 2019? Si nos fiamos de la experiencia vivida hasta ahora y del ritmo al que se licitan y adjudican los contratos pendientes todo parece indicar que estamos ante otra quimera más. De momento, el actual titular de Fomento, Íñigo de la Serna, no ha tenido a bien comparecer en Ourense para explicar los plazos y admitir los retrasos acumulados, como, en cambio, sí hizo hace tan sólo unos días en Burgos. Íñigo de la Serna tiene la obligación de visitar esta provincia a hablar con claridad a sus ciudadanos de la alta velocidad y a comprometerse con esta tierra. Hoy mismo visita Vigo, acompañado del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De camino, ambos habrán pasado por Ourense. Pasan con frecuencia pero no paran nunca.
La historia de estos quince años nos demuestra que el AVE se ha convertido para muchos políticos nada más que en un mero instrumento electoral, sustentado en palabras que luego se las lleva el viento. Pero la gravedad de esta crónica de incumplimientos ha ido más allá de las sistemáticas declaraciones, luego desmentidas por la realidad, para salvar la imagen del gobierno de turno ante el acoso de la ciudadanía y de los medios de comunicación que la representamos. Están firmadas sobre documentos oficiales. El pacto del Obradoiro es el claro ejemplo de ello, y de cómo con el paso de los años, quien debería ejercer la función fiscalizadora desde la Xunta para que una infraestructura vital para modernizar Galicia se finalice en los plazos y las condiciones firmadas se ha convertido en encubridor, cuando no en cómplice de otro agravio más con Galicia y con Ourense.
