La espuma que el pasado domingo bajó por las aguas del Barbaña ha obligado a que los que tienen la competencia de velar por la calidad medioambiental vuelvan a asomarse a su cauce, pero no oculta que llevan décadas riéndose de un río o mostrándose incompetentes. Las agresiones en forma de vertidos, grandes o pequeños, detectados o no, aparecen casi a diario y se conocen porque particulares, algunas asociaciones ciudadanas y de ecologistas y los propios periodistas de este diario informan de sus observaciones a través de La Región. Se trata de los verdaderos cuidadores de los tres grandes ríos que discurren por la ciudad de Ourense (Miño, Barbaña y Loña), además de varias decenas de riachuelos y un centenar de regatos.
El maltrato ecológico se repite desde hace más de tres décadas sin que las cacareadas inversiones millonarias en sistemas de depuración con los últimos avances y los al menos diez expedientes condenatorios en los últimos seis años por vertidos al Barbaña, según los cálculos de la Plataforma Amigos da Terra, hayan conseguido erradicar las malas prácticas. Desde el año 2000 se han abierto una treintena de expedientes sancionadores –menos que los vertidos denunciados por este periódico–, pero no han hecho que las venas fluviales de una tierra bendecida con recursos hídricos presenten condiciones de salubridad óptimas.
Las investigaciones -las escasas investigaciones-, nunca van más allá de los concellos con depuradora y las empresas que las gestionan. La Confederación Hidrográfica Miño-Sil comentó en estas páginas que los vertidos llegan al Barbaña de forma periódica desde el año 2007 y acostumbran a suceder los fines de semana y en festivos. El último se ha producido cuando aún no se han terminado los trabajos de descontaminación del cauce tras el vertido de 5.000 litros de aceite registrado el pasado 27 de mayo y de otro de hidrocarburos detectado a mediados del mes de junio a la altura de la rúa Irmáns Xesta de la ciudad. No hace falta reunir a un comité de expertos para concluir que se producen vertidos directos que no pasan por las instalaciones depuradoras y son la peor amenaza que padece el río de manera reiterada. Si somos conscientes de que hay descerebrados insensibles con el medio ambiente, habrá que empezar a preguntarse quién vigila el río y sus afluentes y cómo se hace, porque no se trata de un hecho puntual. Tenemos en primer lugar a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, entre cuyas misiones está la de vigilancia y sanción, pero para la primera también están capacitados y autorizados agentes del Ministerio para la Transición Ecológica, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Seprona de la Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local... No tendría que ser muy difícil atajar esta clase de acciones indeseables, por lo que tampoco hay justificación para que periódicamente se repitan los vertidos en los mismos puntos. La dejadez es evidente. El Plan Hidrólogico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica Miño-Sil catalogó al Barbaña como una masa de agua en estado “peor que bueno”, por lo que el organismo estatal redactó un primer proyecto de mejora del saneamiento y de la depuradora de San Cibrao, cuya obra financiada con fondos europeos fue ejecutada en 2015. En la segunda fase se ha fijado el objetivo de que se alcance el buen estado ecológico y químico antes de... ¡2027! Suena a tomadura de pelo, como todas las obras en la provincia que se repiten en los presupuestos sin salir del papel.
Por dejadez, desinterés o incompetencia, las arterias fluviales de la capital de la provincia del agua están desde hace décadas bajo sospecha medioambiental. Ocultar o rebajar la importancia del problema te convierte en cómplice, al igual que no poner los medios para que no se vuelva a repetir. El nombre y los apellidos de los infractores multados es, para la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, información reservada porque entre las sanciones que se les impone no está la de “amonestación pública al infractor”. Pues va siendo hora de cambiar la ley que protege de esta manera a los infractores en los escasos expedientes abiertos, porque la sospecha de que la multa sale más barata que la actuación correcta está en la mente de todos. Pero otra cosa sería si a la sanción económica le siguiera la sanción pública y publicada. Y en esa pelea, así como en la de atenta vigilancia, va a estar, como ha estado siempre, La Región.
