Cada día que pasa, Artur Mas da otro paso en la senda del caudillismo. El impulso de huida hacia adelante en su proyecto secesionista le lleva a actuar más como presidente de un movimiento político que como lo que es: el presidente de la "Generalitat", representante ordinario del Estado en Cataluña. La transformación de un dirigente que hasta hace unos años ofrecía un perfil político anodino -su trayectoria y discurso eran las propias de los ejecutivos de las escuelas de negocios- en el personaje caudillista que ahora ocupa el centro del escenario en aquella comunidad se debe, entre otras causas, a una anomalía. Una perversión respecto de los usos y buenas prácticas democráticas. Me refiero a la ausencia efectiva de control parlamentario de las acciones del Gobierno catalán. A la falta de escrutinio por parte del Parlamento de Cataluña dado el escaso peso de PP y Ciudadanos a la ambigüedad del PSC y a la inusual connivencia del primer partido de la oposición (ERC) con CiU, el partido del presidente de la Generalitat.
Solo en un clima de impunidad en orden al control parlamentario se explica que Artur Mas se haya atrevido a advertir acerca de los riesgos de la confrontación entre la "legitimidad de la democracia con la legalidad del Estado de Derecho". Mensaje lanzado, para más inri, en el transcurso de un acto en el que se conmemoraba el "Día de la Justicia". Es un mensaje que habría que interpretar como la segunda defunción de Montesquieu. La ley supeditada al resultado de las urnas y, en consecuencia, a la voluntad del jefe político de turno. Semejante desmesura no tuvo réplica pese a la presencia en el acto del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada y de Miguel Ángel Gimeno, uno de los tres magistrados que, por cierto, tiene que decidir si admite a trámite la querella de la Fiscalía contra Mas por los presuntos delitos cometidos en ocasión de la convocatoria del 9N.
Visto como están las cosas habría que recordar que salvo en períodos revolucionarios -que no es el caso-, las leyes solo se pueden cambiar con arreglo a los procedimientos establecidos por las propias leyes. Cualquier otro procedimiento o intento de búsqueda de atajos violentaría los cimientos del Estado de Derecho y el marco constitucional. Ningún político está por encima de la ley. No debería. Aunque, hablando de lo que hablamos, la verdad es que a veces lo parece. Lo digo a juzgar por la lenidad con la que el Fisco y la Fiscalía contemplan el caso de Jordi Pujol, un ciudadano que se acusó de haber cometido fraude fiscal durante más de 30 años seguidos y todavía nadie le ha visto entrar por la puerta de un juzgado. A lo mejor es que Artur Mas también está en el secreto y por eso se permite desafiar al Estado.
