Para ser un buen rey de España a don Felipe VI le bastará con cumplir la Constitución. El alcance de su poder está bien delimitado: arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Lo que equivale a decir que reinará, pero no gobernará. Dado que, además, la Carta Magna, proclama su condición de símbolo de la unidad y permanencia del Estado -imperativo constitucional expresado con inequívoca nitidez en el Art.2- parece claro que de ese mandato se deriva un compromiso indeclinable de ejemplaridad. En la vida pública y en la privada.
Como modelo de Estado, la Monarquía -la nuestra y todas las demás-, es una estructura anacrónica. La misma Constitución que proclama la igualdad de todos los españoles establece una excepción al amparar que la Corona de España es hereditaria en los sucesores de SM don Juan Carlos de Borbón, heredero de la dinastía histórica. Por eso ha sido legítimamente proclamado rey don Felipe VI. Por definición -salvo en el caso de abdicación voluntaria-, el mandato del rey es irrevocable.
La ventaja de la República es el carácter electivo y que el mandato de quien ocupa la jefatura del Estado, es limitado. Siendo ventaja, no es en todos los casos garantía de probidad y compromiso con los principios esenciales de la democracia. Repúblicas hay por el mundo que no son precisamente un escaparate de respeto a los Derechos Humanos. Por el contrario, tenemos en Europa varios países con sistema monárquico (Suecia, Noruega Dinamarca, Holanda, Bélgica, Reino Unido etcétera), que son democracia avanzadas. Quiere pues, decirse, que no es tanto el sistema como la ejemplaridad de quienes ocupan los sitiales del poder la clave para justificar y asegurar la permanencia de uno u otro régimen. En nuestro caso, visto que la sucesión se ha llevado a cabo con arreglo a lo establecido por la Constitución aprobada mayoritariamente en referéndum en 1978, nada impide y todo aconseja seguir por ese camino. Eso sí, atentos y críticos como ciudadanos libres que somos ante cualquier desvío del mandato constitucional.
El rey, ni debe tener amigos, ni puede amparar la existencia de parientes, cortesanos o turiferarios dispuestos a rendir pleitesía a cambio de favores ya sea en la política o en los negocios. En ése sentido cabe pensar que las circunstancias del "caso Urdangarín" habrán servido de aviso y vacuna. Un monarca constitucional no tiene Corte. Si sigue ese camino y deja la política para los políticos, llegará a ser un buen rey.
