El daño ya está hecho. Con consecuencias a medio y largo plazo imprevisibles para la estabilidad de la separación de poderes que, con arreglo al mandato constitucional, es pilar fundamental del Estado democrático y de derecho. El acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para conseguir que los diputados de Junts voten a favor de la investidura a cambio de una amnistía redactada al dictado de quienes se beneficiarán de ella, concita tal rechazo político, institucional y social que cuesta entender cómo el presidente en funciones pretende seguir adelante con él.
Que las cuatro asociaciones profesionales de magistrados, jueces y fiscales, señalen que el contenido del acuerdo “quiebra la separación de poderes” y abre la puerta a depurar a jueces incomodos -¡iniciativa insólita que podrían llevar a término comisiones de investigación creadas en el Congreso!- refleja el dislate jurídico al que pretenden abocarnos. Que a la denuncia a la que se han unido los inspectores de Hacienda - contrarios a ceder a Cataluña el control de todos los impuestos- y otros colectivos, caso de un grupo de diplomáticos alarmados porque el acuerdo acepta imponer la figura de un mediador internacional encargado de verificar el cumplimiento del acuerdo -como si Cataluña fuera un territorio en vías de descolonización, tipo Macao-, solo añade indignidad al desconcierto.
Sánchez ha hecho suyo el relato falsario de quienes intentaron ilegal y unilateralmente la secesión en 2017 y ha dejado que Puigdemont, un prófugo de la Justicia, explique un acuerdo que deslegitima al Estado, a los jueces y a los funcionarios de Policía que cumplieron con su deber frente a quienes las intentaron quebrar la legalidad. El PSOE acepta que sea el Estado quien pida perdón por aquellos hechos y no que lo hagan quienes se saltaron la ley cometiendo todo tipo de delitos. Es un trágala que Pedro Sánchez impone a todos los españoles a cambio de seguir en la Moncloa.
Tengo para mí que hemos llegado demasiado lejos y que ante la incertidumbre de qué es lo que vendrá después, a qué más se ha comprometido Sánchez con Puigdemont -asegura que habrá referéndum de autodeterminación-, la única salida será la respuesta cívica de la sociedad manifestándose pacífica y sostenidamente contra la amnistía, rechazando la provocación de la violencia. O que, perdida la esperanza de que Sánchez atienda el requerimiento de Felipe González para que dé marcha atrás, rompa con Puigdemont y convoque elecciones, la próxima semana, el día de la votación de la investidura, siete diputados socialistas recuperen la cordura y no secunden los planes de un arribista cuya ambición está llevando al país y al Partido Socialista por una senda de perdición.
