No ha sido un macrojuicio. Fue más bien un megajuicio, casi un “gigajuicio”. Un acto judicial hiperbólico. Diez meses de vista oral, con un sumario de más cuarenta y cuatro mil folios y casi setecientas testificales de víctimas, testigos, peritos, expertos... No hay precedentes en Galicia de nada parecido a lo que acogió la Cidade da Cultura desde octubre hasta julio en sesiones maratonianas bajo la dirección de una jueza que desde el principio supo estar a la altura. La magistrada Elena Fernández Currás cumplió con su objetivo, el de garantizar una exquisita neutralidad, en la disputa entre las partes, acompañada de las dosis precisas de humanidad. La normalidad fue la tónica de las sesiones en las que se mezclaron la frialdad de los informes con el sufrimiento a flor de piel de un montón de víctimas y de familiares a quienes el accidente del Alvia en Angrois, aquel 24 de julio de 2013, les cambió la vida para siempre.
En este procedimiento, cuya envergadura supera a la del Prestige, no se trataba en realidad de depurar todas las responsabilidades por el descarrilamiento de un tren que circulaba por la curva de A Grandeira a más del doble de la velocidad prevista para un tramo que no contaba con las pertinentes medidas de seguridad. En el banquillo tendrían que haberse sentado más de dos personas. Eso es algo que reconocen la mayoría de los que participaron en este juicio y previamente tuvieron algo que ver en la prolija y accidentada instrucción, en la que inicialmente llegaron a estar imputadas hasta treinta y cinco personas. Es un pleito múltiple, o, si se quiere, con varios litigios simultáneos y en paralelo, que fueron quedando patentes a medida que avanzaba el juicio y crecía la desesperación de las víctimas, a las que su señoría ,hasta donde fue posible, se esforzó en poner rostro y dar voz.
Litigan el maquinista contra los supervisores de la seguridad de la vía. Y Renfe contra el Adif. Y las respectivas aseguradoras entre ellas, porque en última instancia está en juego quién hace frente a las abultadas indemnizaciones -casi sesenta millones de euros- que habrá de pagar el organismo, la empresa o la persona que sea declarada responsable penal de la catástrofe. El conductor del tren, Francisco José Garzón, es empleado de Renfe. Si resulta condenado, será la aseguradora del operador del tren la que habrá de desembolsar las correspondientes compensaciones económicas. Caso de resultar culpable el jefe de seguridad del Adif, Andrés Cortabitarte, le tocaría pagar a su compañía de seguros. De ahí el enconado duelo dialéctico final entre los abogados de unos y otros, del que las decenas de muertos y heridos por momentos solo parecían ser el ensangrentado telón de fondo.
