Según el portavoz parlamentario de la CUP, Carles Riera, ayer tuvo lugar el primer pleno del Parlament de la República catalana. Es una forma ficticia de verlo. Sin embargo, en la propuesta de resolución acordada por JxCat y esta formación fue retirada toda mención a un reconocimiento expreso de la Declaración Unilateral de Independencia. Es decir, que la República catalana continúa en el limbo simbólico al que la han enviado los dirigentes independentistas que siguen obsesionados con el reconocimiento de Carles Puigdemont como presidente legítimo.
Esta primera sesión del Parlament no ha servido para avanzar en el desbloqueo del plazo que permita convocar unas elecciones autonómicas en los dos meses siguientes, y su presidente, Roger Torrent, ha tardado mes y medio en mostrar su verdadera cara, al admitir a trámite las enmiendas de los grupos independentistas que suponen una nueva desobediencia al Tribunal Constitucional y desoír las advertencias de los letrados de la Cámara sobre las posibles consecuencias jurídicas de esa acción, además de que se producirá una nueva intervención del Alto Tribunal por la solicitud de amparo realizada por Ciudadanos por una nueva vulneración de sus derechos.
Todo sigue igual en Cataluña, donde en el pleno de ayer se asistió a un revival de broncas pasadas, en tono menor, donde se votó contra la destitución “ilegal e ilegítima" de Puigdemont como presidente de la Generalitat y se avaló el "referéndum de autodeterminación" del 1-O. El mismo cuya legitimidad fue rechazada por los organismos internacionales y que se celebró sin ningún tipo de control acerca de su validez, pero que en el imaginario colectivo de los independentistas es el punto de partida del que dimanan las pretensiones soberanistas. Una ficción de la que no están dispuestos a abjurar. "Los de Esquerra Republicana queremos una república llena de contenido, ha dicho la portavoz de ERC, Marta Rovira, sin sonrojarse. La misma que pidió a Puigdemont que parara las votaciones del 1-0 y que reconoció ante el juez que la DUI no tuvo efectos jurídicos.
De poco ha servido que desde “los comunes” les recuerden que la estrategia del “procés” “se ha agotado”, dado que ni hubo estructuras de estado ni reconocimiento de nadie. O que Inés Arrimadas preguntara sin respuesta “¿cuánto tiempo mantendrán esta ficción, farsa, mentira que no se creen ni ustedes mismos?”, o que Miquel Iceta, desde el PSC, reclamara que se ponga en marcha el reloj del desbloqueo. Fue, como dijo su “número dos” Eva Granados, el pleno “de la constatación de la parálisis” y de que a efectos prácticos, solo se hayan producido nuevos incidentes judiciales que habrá que resolver.
Habrá que esperar por tanto a los actos de coronación de Carles Puigdemont en Waterloo para que los partidos políticos, concluido el espectáculo, se decidan a nombrar un presidente efectivo de la Generalitat que no se encuentre investigado por alguna de las infracciones cometidas alrededor del “procés”. Y harían bien en no desestimar la advertencia realizada por el Gobierno de que el artículo 155 no tiene porqué ser desactivado automáticamente una vez que haya un Govern de la Generalitat si no existen garantías de que se pretende volver a la normalidad constitucional. Y en el pleno de ayer no se demostró esa voluntad.
