Es posible que el presidente y vicepresidente de la Generalitat, el resto de consejeros y cuatro altos cargos del Govern catalán no hayan recibido todavía la notificación del auto del Tribunal Constitucional admitiendo a trámite el recurso del Gobierno contra las partidas –todas, la explícita, las implícitas y las probables- previstas en los presupuestos catalanes para la celebración del referéndum de autodeterminación. A este recurso basado en la falta de competencia de la Generalitat para convocar un referéndum de esta características se sumará el que ha presentado el PSC con referencia expresa a la declaración del propio órgano estatutario catalán con el mismo argumentario.
Dice Puigdemont que tratará hasta el último momento y más allá de contar con el beneplácito del Gobierno, pero al mismo tiempo al tener noticia de la decisión del TC su portavoz, Neus Munté, se ha llamado a andanas y ha hecho como si con ellos no fuera la decisión, que seguirán su hoja de ruta. Aunque por el momento, como ha replicado el presidente catalán a la portavoz de la CUP Anna Gabriel, todavía no tenga intención de fijar la fecha del referéndum ni la pregunta, sobre la que ha dicho que sea lo más clara posible, al estilo escocés, par que no haya vericuetos ni interpretaciones como en la del 9-N de 2014.
En su auto, votado por unanimidad en su nueva composición, el TC va más allá que en otras ocasiones y no deja lugar a dudas sobre quien recaería el delito de desobediencia y sus consecuencias penales, de tal forma que el vicepresidente Oriol Junqueras está directamente concernido por la advertencia del Alto Tribunal y puede verse afectado por una inhabilitación que le dificultaría cumplir con su deseo de ser, al menos, presidente de la Generalitat, si se mantiene la tendencia al alza de ERC en detrimento del PDCAT. Según Junqueras en dos meses habrá fecha para el referéndum.
De lo que no quieren darse por entrados es de que el referéndum no se va a celebrar, ni tan siquiera una consulta sin valor jurídico, y de que mientras sigan empeñados en esa vía están dificultando la posibilidad de explorar otras que deben pasar por el reconocimiento de la singularidad de Cataluña y de las nacionalidades a las que se refiere la Constitución actual pero dentro de ese marco legal. Un marco que se puede reformar si consideran que las costuras actuales constriñen esa posibilidad pero que no las pueden desbordar. Esa es además, la única forma en la que se pueda abordar el expediente catalán, toda vez que Mariano Rajoy le ha concedido ya el rango de mayor problema del país, se ha revitalizado el esfuerzo inversor en Cataluña -siempre escaso para todas las comunidades autónomas-, y el conjunto de la ciudadanía catalana está dando muestras de cansancio con el "procés" independentista, por lo que sería la oportunidad para que el debate catalán entrara en una fase de cordura, a cuyo final se celebrara una consulta acordada dentro de los límites legales constitucionales y estatutarios.
Pero antes, los catalanes volverán a ser llamados a las urnas y si la mayoría independentista naufraga se abrirá una nueva oportunidad para un diálogo diferente. A poco que la izquierda catalana, los nuevos comunes, ayudara un poco, el conflicto catalán podría resolverse de forma favorable para todo el mundo.
