A última hora de la mañana la prensa francesa no se había hecho ningún eco de la polémica suscitada en nuestro país acerca de una información que aseguraba que Mariano Rajoy habría ofrecido al país vecino relevar a sus fuerzas en el Sahel, y el subsiguiente desmentido del Gobierno que negó que las autoridades francesas hubieran hecho petición alguna en ese sentido. En Francia, como aquí, la atención estaba puesta en el desarrollo del secuestro de 170 personas –muchas de ellas francesas- en un hotel considerado ‘seguro’ de Bamako, la capital de Mali, un país en el que Francia tiene desplegada sus tropas desde hace dos años para luchar contra la sucursal del ISIS y estabilizar su gobierno.
El Sahel, como buena parte del África Occidental, es zona de influencia geoestratégica francesa y el Èjército galo lo suficientemente amplio con más de 250.000 miembros, el doble que las Fuerzas Armadas españolas, no tendría ninguna dificultad para asumir simultáneamente las operaciones que desarrolla en Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad y la República Centroafricana, en la que ocupa a unos 4.500 militares, con una mayor presencia en Siria, y es dudoso que aceptara la sustitución directa de sus militares por los de otro país. Por cuestiones políticas y de prestigio nacional.
Por el contrario, sí supondría un esfuerzo ímprobo para las FAS españolas si se tiene en cuenta que uno de los mayores despliegues realizados últimamente fue la participación en la fuerza de interposición en Líbano (UNIFIL) en 2006, con más de mil soldados, y que por efecto de la crisis y la mejora de la situación en la frontera sur del país con Israel se fue reduciendo hasta quedar en la mitad. La presencia militar española en el Sahel, y otros países cercanos, se sitúa en torno a los trescientos militares, que realizan labores de instrucción, logística y de apoyo aéreo, en respuesta a las peticiones internacionales, porque las autoridades españolas consideran una amenaza para nuestro país el establecimiento de los yihadistas en una zona relativamente próxima.
Pero se da la circunstancia de que todavía Francia no ha hecho ninguna petición formal a nuestro país tras la activación de los mecanismos de defensa mutua previstos en el Tratado de Lisboa, y así lo ha confirmado el propio embajador francés en España. Pero nunca debe olvidarse que España le debe una a Francia en la lucha contra el terrorismo desde que el Gobierno francés se convirtió en el principal aliado en la persecución de ETA, por lo que existe un deber moral, además de las obligaciones políticas contraídas, por parte de España para ser receptivos ante los requerimientos franceses, cumpliendo, por supuesto, los requisitos de la Ley de Defensa.
España se encuentra al cabo del 20-D y ni el Gobierno ni ninguno de los partidos quiere dar pasos en falso respecto a dar el visto bueno a una intervención con participación de tropas españolas. Tampoco sería lógico que la decisión se adoptara por parte de la Diputación Permanente, ni que se condicione la decisión del próximo Ejecutivo y del Congreso. No obstante, las cuestiones relacionadas con posibles participaciones militares generan una singular sensibilidad, dadas las experiencias previas, y pese al acuerdo básico sobre el fondo del problema, el diablo está en los detalles. Y más en campaña electoral.
