Causa estupor la noticia de la muerte de Victor Laínez provocada tras ser atacado a la salida de un pub, por el hecho de llevar unos tirantes con la bandera de España. El presunto agresor, Rodrigo Lanza, es un conocido militante ultraizquierdista que ya participó en un desalojo de un centro "okupado" en Barcelona, en el que fue acusado de arrojar una piedra a un guardia urbano que quedó tetrapléjico a consecuencia del ataque y por lo que fue condenado a cinco años de cárcel. Fue incluso uno de los protagonistas de un documental sobre aquellos hechos titulado "Ciutat Morta" que argumentaba que todo se había tratado de un montaje policial. En aquel momento contó con el apoyo de personalidades políticas que ahora ocupan puestos de relevancia como Pablo Iglesias o Ada Colau.
Algo muy grave le pasa a la sociedad española cuando proliferan ese tipo de ataques relacionados con los delitos de odio, ya sea contra mendigos o sin techo que son quemados o agredidos en los cajeros automáticos por jóvenes de ideología ultraderechista que recurren a la violencia como forma de manifestar sus opciones políticas y su visión del mundo, ya sea mediante ataques como el ocurrido en Zaragoza por parte de quien se considera un antisistema y agrede a quien pacíficamente hacia ostentación de un símbolo. Ambas actuaciones son igual de censurables y en ambas se puede hablar de fascismo tanto por su visión totalitaria de la sociedad como por el uso de la violencia para conseguir sus fines.
Los delitos de odio están relacionados con el fomento de la violencia contra grupos o personas determinadas por motivos racistas, étnicos, ideológicos, religiosos… para proteger al diferente y, tras la reforma de 2015, limita la libertad de expresión al principio superior de defender la igualdad y la dignidad de todos los ciudadanos. Su número no para de crecer año tras año.
Hechos que tienen que ver con los resultados proporcionados por el último informe publicado por la Fundación SM sobre los jóvenes españoles y su evolución entre 1984 y 2017, según el cual uno de cada cinco se sitúa en posiciones de ultraderecha o de extrema izquierda, a pesar de que en el conjunto de la juventud española aumenta la desafección hacia la política y son más laxos en cuanto a los valores morales. Lo que implica que también son cada vez más los que justifican lo injustificable como la violencia de género y otras conductas que revelan un desinterés por el respeto a los demás. Datos todos que producen desazón y que deberían centrar el debate político para mejorar la sociedad.
La crisis económica y la crisis política que afectan al país van acompañadas de una crisis de valores y entre las tres propician actos como el de Zaragoza, sin ningún tipo de descargo. El agresor cumplió condena y recibió el apoyo de su parroquia en aquel momento y le animaron a denunciar un montaje policial. Pero eso es agua pasada. Quienes le justificaron entonces dentro de una batalla política ahora le vuelven la espalda o adoptan una posición “institucional” con llamamientos a la prudencia hasta que comiencen a producirse las resoluciones judiciales, que muestran cómo cambian las perspectivas cuando se forma parte de un partido extraparlamentario o se ejercen responsabilidades de Gobierno, como ocurre con Podemos en Zaragoza.
