Cuando los dos principales partidos nacionales se plantean la posibilidad de que los Estatutos de autonomía no entren en vigor si se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, para evitar casos como el ocurrido con el catalán, tras su aprobación en referéndum, el PP, con sus votos exclusivamente, ha aprobado la reforma del estatuto castellano manchego que, al contrario de las otras reformas estatutarias, llegó al Parlamento y fue aprobada ayer sin consenso y cuya consecuencia primaria y primera será la reducción de los 53 parlamentarios actuales con que cuentan las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que el PP también tiene mayoría absoluta por un solo escaño, a entre 25 y 35 diputados.
Y todo bajo un solo argumento, el del ahorro, sin tener en cuenta las consecuencias de esta decisión en la calidad democrática, en la desafección ciudadana y en la limitación de la pluralidad y del control sobre el gobierno regional. Un ahorro teórico sobre el ahorro ya impuesto por la supresión del sueldo a los parlamentarios castellano-manchegos, pero que no oculta los efectos electorales que tendrá esa reducción de escaños, con el establecimiento de un sistema mayoritario que facilitará el gobierno del partido más votado, y que consagra el bipartidismo justo en un momento en el que la ciudadanía parece inclinarse por una mayor representatividad y proporcionalidad, por cuanto ningún partido podrá entrar con menos de un 14% de los votos. En fin, las Cortes de Castilla-La Mancha van a contar con menos escaños que los que tienen otras comunidades uniprovinciales gobernadas por el PP y será la región que cuente con menos representantes populares en relación al número de provincias, población y territorio.
No es la primera vez que los presidentes de esta comunidad autónoma impulsan una reforma para adecuar la ley electoral a sus previsiones de reelección, y a la vista de este nuevo cambio no parece que vaya a ser el definitivo si el PSOE, que ya ha avanzado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, vuelve a hacerse con el poder.
Una vez más, Castilla-La Mancha se constituye en el banco de pruebas de una serie de políticas restrictivas, llevadas a cabo por la presidenta regional y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que sin embargo no las ha propuesto como política de partido a aplicar con carácter general y que otros presidentes autonómicos de su partido no parecen dispuestos a seguir, cuestiones que contribuyen a alimentar las sospechas de que se ha acometido una reforma estatutaria con el solo fin de aumentar sus posibilidades electorales. Si se aplicara esa reforma en otras comunidades autónomas, el PP se convertiría en una fuerza extraparlamentaria en el País Vasco, Cataluña y Navarra.
Por encima de los graves descalificativos de la oposición –“pucherazo”, “cacicada”, “muro antidemocrático”, “populista y autoritaria”- el problema más grave que afecta a la reforma estatuaria es el incumplimiento de la norma no escrita y que también han respaldado los dirigentes populares en otras ocasiones de que las reformas estatutarias lleguen avaladas por un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas, por cuanto estas normas constitucionales no pueden convertirse en el campo de juego privativo de una de ellas.
