A pesar de las palabras gruesas que se utilizan para definir el enfrentamiento partidista a cuenta de la situación del Parque Nacional de Doñana, y la proposición de ley para regularizar cientos de hectáreas que utilizan pozos ilegales que se nutren del acuífero que debe inundar el parque, el tifón declarativo es una tormenta en un vaso de agua, los árboles que ocultan el bosque de la gravedad de la situación del humedal más importante de Europa y para cuya solución, si es posible revertir el desaguisado, tendrán que pasar primero la elecciones municipales y luego las generales.
Para entender que la proposición avalada por el PP y Vox votada en el Parlamento andaluz no tendrá efecto cuando se convierta en ley basta con leer al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, quien explica que “si la probabilidad de su aprobación es muy alta, la probabilidad de que entre en vigor es nula. En nuestro ordenamiento jurídico basta que el Gobierno de la Nación interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por el Parlamento de una comunidad autónoma y haga uso del privilegio procesal contemplado en el artículo 161.2 de la Constitución, para que la ley quede automáticamente suspendida. En el plazo de seis meses el Tribunal Constitucional tendrá que decidir si levanta o mantiene la suspensión mientras decide sobre el fondo del asunto”.
Pérez Royo aventura que será muy difícil que el TC levante la suspensión y que finalmente declarará inconstitucional la norma y por tanto, la ley no llegará a ninguna instancia europea. En definitiva, como también señala el catedrático de Constitucional ya en una interpretación política: “La finalidad es hacer uso de dicha proposición durante la campaña electoral del 28M en los municipios afectados. Ganar en dichos municipios y, a través de los mismos, conseguir alcanzar la mayoría en la Diputación provincial”.
Sabiendo que es lo que va a pasar en el futuro cercano y cuál es la intención de los gobiernos autonómico y central, los argumentos y respuestas de unos y otros, el reparto de responsabilidades acerca de cómo se ha alcanzado la situación actual -desde el gobierno socialista de la Junta de Andalucía hasta la inacción del gobierno popular presidido por Moreno Bonilla- y a la necesidad del cumplimiento de la sentencia europea sobre la recuperación de Doñana -con la amenaza de una millonaria sanción económica a pagar por el Estado-, se llega al momento de poner soluciones sobre la mesa que no pueden ser las promovidas por el proyecto de ley andaluz contra el que se han manifestado todo tipo de expertos, que blanquean las ilegalidades cometidas hasta el momento y que evidencian la necesidad de conciliar distintos intereses, pero bajo la premisa de salvar el Parque Nacional.
A partir de ahí se llega al desiderátum de un pacto de Estado sobre el agua, de la elaboración de un plan hidráulico nacional para el reparto de un bien escaso que acentúa su déficit en épocas de sequía y a la necesidad de que exista una voluntad política de afrontar un problema con el máximo de acuerdos técnicos y el mínimo de lucha política partidista, algo que ha resultado imposible de alcanzar en este como en otros asuntos que necesitarían de grandes acuerdos de país.
