Los adjetivos se acaban para describir el transcurso y resultado del pleno del Congreso, celebrado en el Senado, en el que se convalidaron dos reales decreto-ley y uno decayó, por la confluencia de los votos del PP, Vox y Podemos, en el que el Gobierno pudo salvar la cara a un precio tan excesivo y salió tan dañado que la satisfacción por no haber sufrido un revolcón mayor no oculta que fue humillado, que Junts le hizo pasar por las horcas caudinas y que todas las referencias a que Pedro Sánchez se encuentra maniatado y ejerce el poder vicario que le conceden desde Waterloo se han hecho evidentes.
Tras el pleno del viernes ya no existe ninguna duda de que el acuerdo entre el PSOE y Junts que se presentó como un pacto de legislatura que permitiría a Sánchez permanecer cuatro años en la Moncloa, era tan solo un acuerdo para su investidura y que cada norma que se presente tendrá que ser pactada y quedar sujeta a los intereses de los independentistas catalanes. En este asunto Junts no ha engañado a nadie puesto que dijo que sostendría al Gobierno mientras sirviera a sus intereses. Si el PSOE pretendía un pacto estable basado en la confianza mutua se ha encontrado con un socio que demuestra escasa fiabilidad, porque lo único que le interesa es obtener los mayores réditos posibles en una doble dirección, conseguir las mayores prebendas para aumentar el autogobierno en forma de cesiones de competencias y de datos para sustentar sus argumentos victimistas, y para hacer ver a los “indepes” catalanes que sus presiones dan más frutos que el pragmatismo de ERC.
Ante estas circunstancias, otra evidencia es que Pedro Sánchez, y el PSOE carecen de instrumentos, o de la fuerza suficiente, para contener la voracidad del partido que dirige el prófugo Carles Puigdemont, que incluso se permite regañar al Gobierno porque considera que no ha hecho bien los deberes al llevar los tres reales decreto-ley sin negociar previamente, ahondando de paso en la imagen de debilidad del Gobierno de coalición. Hasta ahora Sánchez no ha dado muestras de poner pie en pared a las exigencias de Junts que no se sabe hasta donde pueden llegar -no hasta la celebración de un referéndum de autodeterminación- en su intento de desmoldar el Estado. Aunque Junts tampoco engaña cuando su portavoz Miriam Nogueras recuerda que están en el Congreso “para cambiar la relación entre España y Cataluña no para perpetuarla”, también debe sopesar la posibilidad de que dejar caer al Gobierno sin haber conseguido la amnistía tiene muchos riesgos para sus intereses.
El presidente del Gobierno ha jugado en esta ocasión con la presunción de que sus socios no se atreverían a arrostrar el coste político de no convalidar las medidas del escudo anticrisis o renunciar a 10.000 millones de euros europeos, pero sus previsiones fallaron por la parte de Podemos y su vendetta con Yolanda Díaz. La lección esencial que le enseñaron sus socios parlamentarios es que no puede volver a repetir esta jugada, que se ha de llegar con los votos amarrados en negociaciones previas, que no se le puede olvidar que tiene una mayoría parlamentaria muy precaria, que ni tan siquiera todos los grupos que le apoyan son progresistas y que debe volver a la práctica parlamentaria de los proyectos de ley para permitir debates amplios y transparentes sobre nuevas normas.
