A medida que se aproximan las elecciones del 27-S los partidos políticos van perfilando sus ofertas sobre Cataluña. El PSOE, por boca de su secretario general Pedro Sánchez, o al menos este y su equipo cercano, está dispuesto a reconocer la singularidad de Cataluña. Sin embargo no se ha atrevido a ir tan lejos como el expresidente del Gobierno Felipe González, que se muestra partidario de reconocer que Cataluña es una nación.
Estas declaraciones de destacados dirigentes socialistas han sido interpretadas por parte del PP como una cesión ante los independentistas, según la crítica de la expresidenta de los populares catalanes Alicia Sánchez-Camacho. A estas alturas por parte del PP, que va camino de tener una presencia en Cataluña menor de la que ha disfrutado en ocasiones anteriores pero que tiene la responsabilidad del gobierno de la Nación, solo se habla de ley, de reformas legales que son percibidas como extemporáneas y unilaterales, sin que haya ninguna oferta de diálogo, aunque bien es cierto que ya es tarde para tratar de abordar el expediente catalán, con las urnas a punto de abrirse y con los partidos independentistas más cerca que nunca de conseguir una mayoría política, que no social, para proclamar la independencia de forma unilateral.
A pesar de las críticas políticas y de que se trate de poner al adversario político contra las cuerdas hay unos límites que no se pueden sobrepasar por táctica electoral, máxime cuando las posiciones son comunes. La línea roja de que la soberanía nacional es de todo el pueblo español –y por tanto nadie va a decidir en referéndum individual el futuro de todos- y que todos los españoles son iguales vivan donde vivan, que forman la columna vertebral del Estado la defienden con la misma firmeza los populares como los socialistas y el resto de partidos que se oponen al desafío de Mas.
A partir de aquí, sí surgen las diferencias sobre cual debe ser el modelo a seguir. Lo que no puede afirmar gratuitamente es que el reconocimiento de la singularidad Cataluña sea una cesión, y en todo caso aparece más como una solución al problema que como su causa. Sobre todo porque la Constitución Española ya reconoce la diferencia entre regiones y nacionalidades -¿Naciones? Hay muchos constitucionalistas que así lo reconocen y otros no lo tiene tan claro- si bien el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el estatuto avalaba la inclusión del término nación en el preámbulo del texto, aunque señalaba que carecía de eficacia jurídica.
Y se sigue echando en falta por parte del Gobierno y del PP alguna iniciativa que suponga una mano tendida que vaya más allá de las amenazas de distinto tipo –desde la reforma de la lay del TC, a la salida de la UE y del euro a la aplicación del artículo 155 de la CE para suspender la autonomía-, que sirva para poner de manifiesto que son los independentistas, que nunca se han encontrado con una situación tan favorable para sus propósitos, quienes aparezcan como los refractarios al acuerdo.
El PP tendría que explicar por qué en el conflicto catalán sitúa a los socialistas en el bando de los adversarios cuando ambos son los garantes del Estado, y cuando en los últimos tiempos es el PP el que cambia de opinión según sopla el viento.
