Con los resultados aún calientes de las elecciones autonómicas vascas, y el comienzo de las conjeturas sobre posibles pactos, aunque la política de alianzas está meridianamente clara si los números dan para que el PNV y el PSE reediten su pacto de gobierno, y a punto de comenzar la campaña electoral para las elecciones catalanas, el Senado dará comienzo a la comisión de investigación del “caso Koldo”, que en roman paladino trata de establecer una línea de corrupción generalizada de distintas administraciones autonómicas gobernadas por los socialistas durante la pandemia del covid19 con la supuesta aquiescencia de varios ministerios el Gobierno.
La comisión comenzará con la comparecencia del titular del nombre de la comisión, Koldo García, exasesor del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su vez comisionista en la compra de mascarillas. Las prisas del PP para poner en marcha la comisión de investigación del Senado, donde tiene mayoría absoluta, no es inocente por cuanto quedan por delante otros dos procesos electorales, en los que este partido trata de restar apoyos a los socialistas asimilándolos a un partido corrupto. De las preguntas a las que sea sometido por su interrogador popular se verá cual es el fin objetivo de la comisión, si determinar qué prácticas fueron inapropiadas y dieron lugar a la comisión de delitos, para poner remedio ante una situación que puede volver a repetirse en un tiempo no muy lejano según los expertos, o si se sacarán a colación otros asuntos en los que también estuvo presente el exasesor de Ábalos, como la llegada a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez cuando tenía prohibido pisar suelo europeo.
El Senado abre el fuego y continuará con una sucesión de comparecencias mediatizadas por el horizonte de las elecciones catalanas y pensadas para causar el mayor desasosiego posible a la campaña del candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, y hasta ahora, según las encuestas publicadas, probable vencedor en las elecciones catalanas, en las que el PP aspira a mejorar su respaldo, algo fácil puesto que parte de muy abajo en apoyo ciudadano.
En la comisión de investigación montada en el Congreso para contrarrestar la del Senado -esta contra los socialistas, aquella contra los populares-, el Gobierno ha ordenado al Grupo Parlamentario Socialista rectificar para evitar que sean llamados a comparecer miembros del ministerio fiscal. Como todo el mundo tira con bala, Junts y EH Bildu querían abrir la puerta a que en la comisión se hable de “lawfare”, de la instrumentación política de la Justicia pensando, como hará el PP en el Senado sobre otros asuntos que no son los propios de la comisión de investigación. Sería una grata sorpresa que de las conclusiones de ambas comisiones, además de desenmascarar prácticas corruptas, la ciudadanía percibiera que han servido para algo más que para compensar sospechas y las amenazas mutuas sobre la lista de comparecientes y que no solo se había realizado una utilización política de ese instrumento legislativo.
En la política nacional no hay ni un minuto de respiro ni de sosiego, y en el mundo empresarial tampoco por el acoso de empresas públicas de otros países a industrias nacionales.
