Es que nos queda algo por ver en el permanente chantaje de Puigdemont al Estado, imponiendo a Sánchez todo lo que se le va ocurriendo sobre la marcha, lo que condiciona hasta extremos insólitos la marcha y configuración del Estado mismo? Con altiva seguridad, su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, convierte aquella cámara en la visión práctica de la retirada de la bandera de España que ya protagonizó en aquel lugar donde se supone que reside la soberanía nacional. Cómo están las cosas, si el siempre benevolente con Sánchez diario El País, en contra de su actual línea de apoyo, reconoce que esto es un desastre y critica las insólitas cesiones, como exige Junts, de competencias propias y que deben ser exclusivas del Estado, como inmigración.
En la agenda ordinaria del Gobierno, en apenas unos días, se suceden cambios de postura sin justificar y nuevas concesiones que, en conjunto, marcan el desmantelamiento de competencias esenciales de un Estado, al tiempo que fortalecen los elementos propios y de apoyo de quienes tienen como meta salirse del actual e ir configurando el suyo propio, mientras con su habitual cinismo, el ocupante de la Moncloa dice que gracias a él el conflicto catalán esta encarrilado. Pero veamos, porque la sucesión de episodios lleva tal ritmo que casi no nos da tiempo a darnos cuenta del modo en que unos se imponen sobre otros, y en su mayoría convergen en beneficio del independentismo catalán y sus objetivos.
Y si, por un lado, Sánchez acepta sumiso lo que le ordena desde Bruselas, también se inclina por lo que mandan en comandita Bildu y PNV para seguir en la Moncloa gracias a los votos del independentismo vasco. Ciertamente, y sin explicarnos las razones, el Gobierno ha realizado un giro copernicano con relación al caso de Kosovo. Hasta el presente, la postura de España era inequívoca, pero el reconocimiento de la validez de los pasaportes de este país balcánico tiene el efecto lógico de reconocimiento de que es un Estado más en todos los sentidos. ¿O no, dado quién puede emitir pasaportes? García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y actual europarlamentario, ha avisado que reconocer a Kosovo como Estado sentaría un precedente “muy complicado y muy grave” para España con Cataluña ante una hipotética declaración de independencia. ¡Más claro, imposible! Pero más peregrina es la respuesta del titular de Exteriores, José Manuel Albares. Ahora dice que se pueden reconocer los pasaportes, pero que eso no implica el reconocimiento del Estado.
Y ya que estamos en ese plano, hay que situar en el mismo, una parte esencial de las nuevas e inesperadas imposiciones que Junts ha dictado a Sánchez, las cesiones a Cataluña del control de la inmigración, de lo que parece deducirse que ello supone el de las fronteras. O sea, que el Gobierno de una comunidad podrá decidir en su territorio o en el conjunto del Estado, sobre la entrada y permanencia de extranjeros. ¿También de expulsiones, a dónde, a otras partes del Estado, fuera de Cataluña o de vuelta a su país de origen? ¿Tendrá Cataluña su propia Ley de Extranjería? Nunca en la historia de España se ha visto una situación como ésta de que un presidente acepte tales humillaciones. Si en su día nos asombró la reforma del Código Penal y los indultos, de cuya imposición al PSOE presume Rufián; si todavía no hemos sido capaces de asimilar la grosera dialéctica cambiante para aceptar la ley de amnistía y sus secuelas y todo lo que la rodea, ahora, estas nuevas exigencias de Puigdemont y otras que vendrán demuestran la inestabilidad de un Gobierno sometido a la tutela permanente de un fugado de la Justicia que no sólo exige que lo protejan los policías que, en todo caso, deberían prenderlo y presentarlo ante el juez, sino que ordena las reformas de las disposiciones legales que puedan interferir en otras imposiciones logradas.
