El insólito, pero expresivo espectáculo, de los diputados del PSOE votando en bloque, como una masa coral, sin que haya habido debate alguno dentro del partido, la supresión del delito de sedición, pese a sus efectos, cuando los beneficiaros de ésta y otras medidas resaltan que es el precio impuesto a Sánchez para mantenerlo en la Moncloa y aprobar sus presupuestos; la expulsión de un miembro del partido, respetado y congruente, que ejerció dignamente los cargos por los que pasó, y el malabarismo con que se juega con el añadido de la reforma del delito de malversación, dan la suma de en qué se ha convertido el que fuera partido de los socialistas, sus principios y fundamentos, desde que lo dirige Pedro Sánchez.
El independentismo catalán ha impuesto al presidente su hoja de ruta y quiere decir la “desjudicialización del conflicto catalán”, o sea, para evitar aplicar la ley, se cambia a la carta. Primero, indulto; luego amnistía efectiva cuando se aplique la reforma de los delitos de sedición y malversación, y ya nadie duda de que se celebrará un referéndum “consultivo” como está previsto en las conversaciones de Sánchez con Aragonès, cuyo alcance será imprevisible. Hay que agradecer los orientadores anuncios de ERC, como la de su secretaria general adjunta y portavoz de Marta Vilalta, que ha anunciado que su partido presentará enmiendas para reformar el delito de malversación, en el marco de la modificación del Código Penal para derogar la sedición, con el fin de que no sea “utilizado para reprimir y perseguir al movimiento independentista y la disidencia política”. Van proponer como llevar a cabo la rebaja de penas del delito de malversación, “siempre y cuando no beneficie a corruptos”. Por lo visto, será una reforma selectiva que deje fuera de sus consecuencias a quienes en Cataluña incumplieron el deber de todo cargo público de administrar lealmente el dinero de todos, con independencia de que se quede con él o lo destine o tolere que se use para fines espurios como ocurrió en Andalucía.
Y en este proceso de desmontar las herramientas para la defensa del Estado, el clima creado por las cesiones de Sánchez, propicia que, aparte de lo de Cataluña, en el País Vasco, se corre en la misma dirección, aunque de modo menos ruidoso. El mismo día en la mayoría de los españoles celebrábamos el “Día de la Constitución”, el PNV reclamaba un “árbitro” diferente al Tribunal Constitucional, al que no ve neutral, según el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha recordado que tienen un acuerdo “público y conocido” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se firmó en la investidura para “adecuar la estructura territorial a las identidades nacionales atendiendo a los sentimientos de pertenencia”. Deja claro su objetivo de lo que exige Euskadi: “si hubiera voluntad, la fórmula es sencilla, un reconocimiento nacional, una bilateralidad, un árbitro neutral que en estos momentos no existe y un derecho a decidir pactado con las fórmulas y las condiciones a las que se llegaran”, ha precisado rescatando la idea de que el Constitucional no debería intervenir en conflictos entre el Estado y Euskadi. O sea, que el País Vasco sea un territorio exento de aplicar allí la Constitución y tratar al Estado de igual a igual, como dos entidades nacionales del mismo rango. Pero los casos aquí citados apenas son nada, el preámbulo de lo que está por venir, la reforma de la Constitución, y como eso exige las mayorías de que las que no se dispone, la anulación de sus principios se pretende logar a través de reformas, como la del Código Penal o leyes orgánicas.
