La afirmación hecha por Pedro Sánchez sobre la configuración de España como “nación de naciones” aviva el debate sobre la necesidad de revisar la Constitución para adaptarla al momento que se está viviendo. Las demandas históricas de algunas comunidades autónomas (fundamentalmente Cataluña y Euskadi) reclamando una nueva relación con el Estado, exigen una respuesta política que dé estabilidad a las relaciones entre los distintos pueblos que configuran el Estado español. Es obligación de la clase política afrontar la solución a los problemas antes de que estos se enquisten y lleven a la confrontación institucional y, lo que es más grave, social. En un estado democrático ha de ser el Gobierno quien asuma el protagonismo de iniciar los procedimientos legales que garanticen el marco adecuado en que deben desarrollarse las negociaciones.
El concepto de estado-nación aparece en el tratado de Westfalia (1648), después de la Guerra de los Treinta Años, y configura organizaciones territoriales y poblaciones definidas en torno a un gobierno que reconoce sus límites espaciales y de poder. España sufre varias reformas al incluir varios territorios que habían sido reinos, principados y señoríos. Las características de algunos de ellos les pueden clasificar como naciones al tener lengua propia, poblaciones definidas y singularidad histórica. Nace pues el Estado español sobre las cenizas de varias naciones. Algo diametralmente distinto del Estado Francés, que se ordena como nación con posterioridad a la aparición del Estado. Un origen semejante al de España sería el Reino Unido que incluye a Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte, naciones unidas por el nexo de la corona y la relación con sus antiguas colonias.
Fue en el siglo XIX cuando se introdujeron diversas maneras de organizar el territorio español pasando de las 20 intendencias de Felipe V (1720) al Plan Soler de 1799, que prácticamente divide al país en las provincias actuales con la excepción de la desaparición de Cartagena. Cuando España estuvo bajo el dominio de Napoleón, los franceses intentaron introducir el modelo de división territorial de su país, dividiéndolo en prefecturas (38) y subprefecturas (111), excluyendo a Cataluña, que fue anexionada a Francia durante dos años (1812-1814). Tras sucesivas modificaciones es en 1833, con Javier de Burgos, cuando se hace la definitiva modificación del mapa provincial, agrupando las provincias en regiones que tenían antecedentes en los reinos del Antiguo Régimen. La primera república trató de convertir a España en una República Federal, compuesta por 17 estados, entre los que se encontraban Cuba y Puerto Rico, pero el proyecto constitucional nunca llegó a aplicarse. Es en la Constitución de la II República donde se contempla la posibilidad de que las regiones españolas se conviertan en autonomías, algo que hace Cataluña en 1932, el País Vasco y Galicia en 1936. La victoria de los fascistas y del ejército sublevado abre un oscuro paréntesis en el desarrollo y modernización de España. En el terror es difícil incluso sobrevivir
Pero no es hasta la Constitución de 1978 cuando se establece el marco jurídico que reconoce a España como un Estado autonómico compuesto por 17 comunidades, cuatro de ellas históricas. Se evita citar federalismo y se disfraza el concepto nación para no herir susceptibilidades que movilizaran a poderes fácticos aún presentes en la transición de la dictadura a la democracia. La habilidad de los dirigentes políticos que participaron en la redacción de la Constitución le dio a ésta una estabilidad de la que no habían gozado las anteriores. Sin embargo, ha llegado el momento (en Europa son varios los estados que debaten sobre el mismo tema) de iniciar una reforma constitucional desde arriba, al margen de sentimientos y emociones que puedan enturbiar el proceso, como está sucediendo en Cataluña por la cerrazón del Gobierno de Rajoy y la demagogia oportunista del nacionalismo catalán. Hay que asumir que o se retoma el diálogo, o la instrumentalización de los deseos de gran parte de la ciudadanía puede conducir a una confrontación de difícil solución. Pedro Sánchez, abatido y sincero, ha asumido que no se puede demonizar a nadie y que el futuro pasa por el diálogo sin exclusiones y para ello hay que llamarle a los conceptos por el nombre adecuado, y que España sea un Estado Federal no es una idea tan descabellada.
