El actual secretario general del PSOE, en unas declaraciones recientes, afirma que la religión debe recluirse en los templos y las sacristías, ignorando que también hay políticos socialistas en muchas partes del mundo que admiten el hecho religioso y le dan relevancia pública. Es decir, reducir el hecho religioso a la mera individualidad en lugar de posibilitar que quien quiera pueda realizarlo en libertad en la sociedad, en público o en privado, de nuevo sitúa al partido en posiciones laicistas. Unas posiciones que debiera abandonar si es que quiere atraer a su seno a personas amantes de la libertad en cualquiera de sus expresiones.
A estas alturas de la película, negar la dimensión espiritual y religiosa de la vida humana es, cuándo menos, una falacia de colosales proporciones. Tal dimensión existe y tiene sentido para quien desee practicarla, tanto en público como en privado. Condenar a la religión a determinados ámbitos es una manifestación de fundamentalismo e intolerancia desde la que es imposible, o muy difícil, articular una mayoría sólida para llegar algún día a gobernar.
En Francia Max Gallo, autor francés conocido por su militancia laica y republicana, se pronunciaba hace algunos años sobre la compatibilidad entre laicidad, republicanismo y catolicismo. La cuestión cobra especial relevancia porque muchas veces se confunde el laicismo con la laicidad. El laicismo implica una posición valorativa –contraria- a la religión, convirtiéndose así en una confesión estatal que haría perder al Estado su aconfesionalidad y neutralidad. Por el contrario, si partimos, como debe ser, de la neutralidad religiosa y de la aconfesionalidad del Estado –laicidad- resulta que, como es lógico y obvio, todas las manifestaciones sociales que regulen la dignidad del ser humano –también las públicas del hecho religioso- son perfectamente compatibles, en un Estado aconfesional y neutral, con la laicidad del Estado y, por ello, tienen la plena legitimidad que, por ejemplo, reconoce positivamente el artículo 16 de la Constitución Española de 1978.
Es decir, el espacio público ha de abrirse a las diferentes culturas, también a las religiosas. Por la sencilla y bien comprensible razón de que la dimensión religiosa de la persona, guste o no, forma parte integrante de ese espacio de deliberación pública. Sin embargo, lo que ahora, de nuevo, quiere imponer el actual secretario general del PSOE es el laicismo. Doctrina bien antigua que proclama la expulsión de la religión del espacio público y su confinamiento al ámbito de las conciencias individuales o al estrecho reducto del templo o la sacristía. Sin embargo, las exigencias del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario aconsejan en estos tiempos terminar con estas versiones cerradas, inmanentes, unilaterales del espacio público que, cuando mutilan diferentes aspectos de la propia realidad, acaban instaurando esa dictadura del relativismo y del pensamiento único que, hábilmente edulcorada con una inteligente dosis de consumismo insolidario, se adueña de las conciencias de los ciudadanos.
Religión y Estado son cosas distintas, pero no incompatibles. El Estado tiene su ámbito de actuación, así como la religión el suyo. La laicidad abierta convoca a un fecundo entendimiento entre el Estado y las diferentes religiones con vistas a facilitar el ejercicio de uno de los derechos humanos hoy más relevantes: la libertad religiosa. Una libertad que, a pesar de los pesares y de estar en los inicios del siglo XXI, sigue siendo una asignatura pendiente en muchos países del mundo, también de los denominados desarrollados.
