Académicos y gobernantes coinciden en el carácter prioritario de la reforma de la financiación autonómica en España, pero a la hora de la verdad nadie sabe bien por dónde empezar. Salvo Cataluña. Tal vez por eso mismo pasan los años sin que esa prioridad se vuelva urgente.
El sistema de financiación autonómica en España suele describirse con dos adjetivos que lo definen a la perfección: complejo y poco transparente. Desde 2014, este sistema ha estado esperando una reforma que nunca llega, a pesar de que fue aprobado en 2009 con el compromiso de revisarlo cada cinco años.
El paso del tiempo ha acentuado las quejas de las comunidades autónomas, ahora agrupadas en bloques territoriales, que no ideológicos, con posiciones aparentemente irreconciliables, independientemente del partido que gobierne. Todos saben –lo digan o no– que el resultado final deberá contentar a Cataluña –donde siempre toca el gordo– y hacer un reparto tipo pedrea como en la Lotería de Navidad, con algunos grandes premios. Es la manera de que ganen todos, aunque sea poco. Pasa algo parecido en las elecciones municipales, donde todos los grandes partidos tienen algo que celebrar porque se reparten tantos puestos que ninguno queda fuera de juego completamente.
Con el País Vasco y Navarra con su cupo debajo del brazo y a buen recaudo, hay 15 comunidades bajo el régimen común que exigen cambios en la financiación, pero no logran ponerse de acuerdo entre ellas. Algunas autonomías reclaman un mayor peso en el reparto de recursos para abordar problemas como la despoblación y el envejecimiento, mientras que otras denuncian estar infra financiadas. El caso de Cataluña, donde gobiernan los independentistas, también añade tensión al debate, pues se queja de recibir menos de lo que aporta y ha revivido el supuesto agravio tras las últimas elecciones generales.
Los académicos proponen simplificar y mejorar la equidad del modelo vigente, en lugar de empezar de cero. Consideran que el reparto dentro del régimen común es desigual y que el sistema desincentiva la disciplina fiscal, pero son conscientes de que su papel es más teórico que práctico, ya que al final las decisiones no son técnicas sino políticas.
El sistema de financiación autonómica se nutre de lo que ingresan las comunidades a través de los tributos que comparten con el Estado -IRPF e IVA-, además de los que tienen cedidos totalmente y las aportaciones estatales. Sin embargo, este dinero no se reparte de manera homogénea, ya que hay mecanismos de nivelación que buscan reducir las disparidades entre las autonomías más ricas y las más pobres.
El Fondo de Garantía, que asigna recursos según el criterio de población preconfigurado, es un instrumento de nivelación, pero menos importante que ciertos pactos bilaterales. Entre unas cosas y otras se manejan fondos, a veces contradictorios, que provocan distorsiones en el reparto, según los expertos.
Un sueño que planea sobre los debates es la inclusión en el régimen común de las comunidades forales, que van por libre y siempre ganan. Otro gran propósito destaca la necesidad de lograr un reparto más equitativo. También se sugiere reforzar ciertas variables, como la insularidad y la dispersión de población, para hacer el sistema más completo y justo. Son ideas, sin duda interesantes, que humanizan los debates, pero que no los sustancian.
@J_L_Gomez
