Podemos está cerrando su modelo de financiación. Tiene expectativas de muchos ingresos, porque aguarda buenos resultados, pero de momento todo son expectativas. Y necesita euros contantes y sonantes, como cualquier otro partido político que concurre a las elecciones y aspira a gobernar o, cuando menos, a formar un grupo parlamentario.
De entrada, Podemos ha decidido lanzar un programa de microcréditos que le permita afrontar la campaña para las elecciones autonómicas. Se trata de préstamos que podrán hacer los ciudadanos de entre 100 y 10.000 euros y que serán devueltos cuando la formación reciba la subvención electoral. Algo por el estilo ya se hizo en las elecciones andaluzas.
Suena bien la manera de financiarse de Podemos, desde luego mucho mejor que la de quienes se financian con dinero B, como acreditó el juez Ruz que hizo el PP; es decir, el partido del Gobierno que recauda los impuestos. Pero ¿es legal?
El partido de Pablo Iglesias justifica su plan para evitar endeudarse con la banca y se escuda en que contarán con el “apoyo” y la “supervisión técnica” de la banca ética FIARE. Pero ¿es legal? Con la ley en la mano, no está muy claro.
La legislación vigente reserva la exclusiva de prestar dinero a la banca e incluye sanciones de 500.000 euros a quienes lo hagan sin tener licencia, e incluso de hasta 1.000.000 de euros para quienes reincidan haciéndolo, tras ser requeridos por el Banco de España.
La ley es tajante al respecto, al entender, en particular, reservada a las entidades de crédito la captación de fondos reembolsables del público, cualquiera que sea su destino, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que no estén sujetas a las normas de ordenación y disciplina del mercado de valores.
Podemos remarca que el dinero aportado “se devuelve con la subvención electoral recibida en base a los resultados obtenidos”, lo cual entraña fondos reembolsables, que en este caso podrían ser ilegales. En la campaña andaluza llegó a manejar 400.000 euros.
La financiación legal de partidos políticos se tiene que hacer con donaciones. El compromiso de devolver el dinero, que éticamente puede tener buena venta, coloca a Podemos en un brete jurídico.
Pero hay más dudas: ¿Si Podemos no cobra todas las subvenciones previstas, cómo devolverán el dinero prestado e invertido en la campaña? ¿Organizará y concertará Podemos operaciones de crédito en las que no se pagan intereses? ¿Qué protección tendría todo ese dinero del Fondo de Garantía de Depósitos?
“Con este sistema Podemos financió la campaña electoral andaluza y fue un éxito: con contribuciones medias de 200 euros, la ciudadanía financió los 400.000 euros que costó esta campaña”, admite el partido de Pablo Iglesias en una nota que podría costarle una investigación e incluso una advertencia del Banco de España, si se aplica la ley. Y máxime si lleva a cabo su plan de recaudar más dinero en otras comunidades como Madrid (162.000 euros) o la Comunidad Valenciana (150.000 euros), por mencionar un par de ejemplos ya previstos.
Desde un punto de vista ético, el plan de Podemos hace palidecer los métodos de financiación ilegal -en ocasiones probada- de otros partidos, pero su problema puede ser jurídico si las autoridades hacen cumplir sus leyes, elaboradas para adaptarse a criterios europeos.
@J_L_Gomez
