La enésima ley de educación, de corte marcadamente dirigista, incurre en los mismos vicios que todas las anteriormente promulgadas tanto por los gobiernos liderados por el PP como por los del PSOE. Como de costumbre, las formaciones políticas ajenas al gobierno se han echado a las calles para protestar, pero, también como de costumbre, yerran en su análisis y en las soluciones que proponen. Y mientras tanto, los famosos informes PISA y muchos otros índices y rankings coinciden en que tenemos un gravísimo problema educativo.
Contra lo que parece a simple vista, nuestra derecha y nuestra izquierda coinciden plenamente en el modelo educativo. Sólo discrepan en su contenido y en su aplicación práctica. Ambas quieren que la educación esté firmemente controlada por las administraciones públicas. Ambas apuestan por mantener la titularidad pública de la mayoría de los centros, y la tutela de casi todos los demás por la vía del concierto económico. Y ambas quieren que sea la Administración quien decida el currículo, los valores y las lenguas de docencia, aunque después cada una de ellas promueva su propio contenido formativo, su cosmovisión moral y su idioma preferido. Es decir, la derecha y la izquierda coinciden en su apuesta por unos colegios sometidos al capricho ideológico de los políticos, meras herramientas de adoctrinamiento de nuestros hijos, secuestrados por el gobierno de turno.
Hay un modelo mejor, mucho mejor. Pero ni la izquierda ni la derecha lo plantean. Perderían mucho poder, mucha capacidad de hacer ingeniería social. Es el modelo libertario, que consiste en la devolución de todos los centros a la sociedad civil para echar al Estado de las aulas. ¿Cómo? Mediante la privatización social de los centros, normalmente a favor de pymes y cooperativas establecidas por los propios docentes. ¿Por qué? Porque el Estado no es buen empresario, ni en el sector educativo ni en ninguno. ¿Para qué? Para que, dentro de unos parámetros muy generales, se dé la máxima competencia posible entre centros, con sus diversos idearios, lenguas vehiculares y modelos de docencia, de manera que sean las familias quienes escojan entre un amplio abanico de opciones. ¿Cómo deja eso a las familias de escasos recursos? Pues las deja mucho mejor que ahora. Tras una fuerte bajada de impuestos a las clases medias y bajas, incluyendo los indirectos y las cotizaciones, casi todo el mundo podrá costearse el colegio que desee para sus hijos, ya que habrá fuerte competencia. Aún así, seguirán quedando familias que no puedan pagar. Para ellas se habilita un cheque escolar canjeable en el centro deseado, a precio medio de mercado.
Sólo de la competencia nacerá la excelencia que tanta falta nos hace. Si nuestra enseñanza es tan mala, se debe a su gestión estatal, bien directa o bien mediante conciertos. La manida exigencia de que sea "pública y de calidad" es imposible porque el Estado hace mediocre cuanto toca. La educación debe ser universal, pero ni pública ni concertada: privada para todos con cheque escolar compensatorio para quienes no la puedan pagar.
