Es una vergüenza que a partidos con varios puntos porcentuales de voto no se les asignen los correspondientes escaños por la doble acción excluyente de la ley d’Hondt y los umbrales electorales. Si en una cámara autonómica de, por ejemplo, cien escaños, hay un partido que saca un dos por ciento, es obvio que deberían corresponderle dos escaños, no cero, pero el sistema lo borra del mapa sin más, y hemos normalizado esa barbaridad. En el caso del Congreso de los Diputados, tener por ejemplo un cuatro por ciento de votos dispersos por toda España debería implicar, obviamente, una representación de catorce escaños, pero ese partido se quedará en cero mientras otros, con porcentajes muy inferiores, sí obtendrán escaños al concentrar sus apoyos en un territorio determinado. Para paliar este efecto del sistema proporcional territorializado en circunscripciones, en Alemania se compensa con una lista federal que aporta un número de escaños orientado a corregir esta gravísima injusticia. Aquí, ni nos lo planteamos. Y no es ciencia ficción, sino que ha sucedido en innumerables ocasiones y a todos los niveles territoriales. Tras leer estas líneas, no faltarán conservadores ni, sobre todo, trevijanistas que digan “¿lo veis? Lo que hace falta es un sistema mayoritario, si es necesario a doble vuelta y si no a una sola”. Eso es aún peor. Eso fuerza un bipartidismo extremo y anula aún más la voluntad de los electores no pertenecientes a los dos grandes bloques. Unido a la cultura partitocrática española, el resultado sería de poder cuasi absoluto para las dos élites partitarias principales. Además, el embudo de la segunda vuelta busca precisamente anular el pluralismo y forzar a todo el mundo a tomar partido por una de dos opciones de primera división, relegando a las demás a un papel de comparsas. Y sin esa vuelta, quien saque una mayoría, incluso relativa, se arroga la representación del cien por ciento de la sociedad de su distrito.
En realidad, el sistema proporcional es infinitamente más ético y legitimador que el mayoritario, pero en España tenemos la peor aplicación posible de este sistema. Para empezar, votamos por listas cerradas y bloqueadas, lo cual no es votar: es simplemente ratificar lo decidido en los órganos de los respectivos partidos, órganos que generalmente no son democráticos, por lo que no representan ni siquiera la voluntad de los respectivos afiliados, sino la de las élites que los controlan. Para continuar, la gran mayoría de las circunscripciones son de muy escasa población, por lo que les corresponden menos elegibles de los necesarios para garantizar la plasmación fiel del pluralismo existente. Con apenas un puñado de diputados por distrito electoral, el bipartidismo está servido porque normalmente se los repartirán entre las dos formaciones más votadas, o como mucho con la tercera. En muchos casos, un partido queda fuera pese a tener un diez, quince o veinte por ciento de los votos y ser tercero. Obviamente, cuando se decidió que el sistema electoral español tomara la provincia como circunscripción se buscaba exactamente este efecto de concentración forzada del voto en torno a muy pocas candidaturas. Y sobre todo, se produce una alta merma de la voluntad popular ya que no se nos deja votar por prioridad, desperdiciándose el cien por ciento del voto a candidaturas que no superan el umbral arbitrario a la representación.
Deberíamos mirar a los países que emplean sistemas de Voto Único Transferible (Single Transerable Vote, STV), o de “instant runoff”, con la excepción de Gran Bretaña, donde la aplicación del sistema a distritos uninominales lo hace aún peor. Mejor mirar a Irlanda, Malta, Australia y otros. Con una amplicación del STV a circunscripciones de entre 7-8 y 14-15 elegibles, se conseguiría que los ciudadanos: 1) votáramos a personas y no a partidos pudiendo colocar candidatos de diferentes listas en nuestra propia cesta priorizada; 2) votáramos por prioridad y con el mínimo desperdicio, pasando nuestro voto en la proporción correspondiente a nuestra segunda opción por exceso o por defecto; 3) contáramos con distritos de un tamaño más o menos homogénero en toda España, frente a la actual situación en la que sólo se da un cierto nivel de pluralismo político en cuatro o cinco provincias muy pobladas. Ello debería complementarse con una lista nacional de al menos cincuenta escaños, plenamente proporcional, destinada a garantizar que cualquier formación con un porcentaje de apoyo popular significativo pero disperso obtuviera representación por esta vía. Además, este sistema permitiría pasar de la lógica de la provincia a la de la comunidad autónoma como circunscripción base, dividiéndose internamente en distritos para las generales como decida cada parlamento autonómico, siempre para configurar circunscripciones de entre siete y quince elegibles. El resultado de una reforma como esta, comprobado en los sistemas de otros países, es una proporción muy superior entre lo votado por la población y lo plasmado en las cámaras. Pero no se hará, claro, porque los intereses en contra son ingentes.
