Los Presupuestos Generales del Estado constituyen el principal instrumento que define la política de un Gobierno. Determinan cómo gestiona los ingresos y en qué va a aplicar los gastos. Es una instantánea de una trayectoria que, en el caso del de Pedro Sánchez, nos presenta uno más de sus constantes bandazos a la hora de conducir un país al frente de un equipo de ministros al que poco le encaja la denominación de gobierno, pues han hecho de la traición mutua una constante. Las desavenencias entre los socios son tan manifiestas como frecuentes y solo se disimulan cuando llega el momento de asegurar su propia supervivencia: de Sánchez en la Moncloa y de los ministros de Unidas Podemos al frente de sus departamentos. No hay más que echar un vistazo atrás para ver cómo, mientras se descalifican mutuamente, para poder asegurar la supervivencia de la alianza se reparten luego las prebendas, unas veces en la trastienda, otras de una forma pública y notoria, mediante cambios legislativos hechos a medida.
La situación se agrava por ser una coalición en minoría, lo que requiere del apoyo de terceros que venden muy cara su colaboración. Indultos, cambio en la tipificación del delito de sedición, y miles de millones que van para unas Comunidades Autónomas en detrimento de otras. Porque lo hemos visto en aspectos como la propuesta de plan de ayudas a la contratación indefinida, que solo beneficiará a las empresas y poblaciones de unas provincias muy concretas, dejando al margen de ese apoyo a la gran mayoría de la España vaciada, Ourense incluida; o en los bonos gratuitos para los trenes de cercanías y media distancia, de los que Cataluña consume más de un tercio de todos los que se han expedido en España y que en Galicia solo beneficia a algo más del dos por ciento de su población.
Independientemente de las elocuentes frases que hemos escuchado en las últimas semanas sobre los presupuestos de mayor gasto social, los de mayor inversión en educación y los que más crecerán en obras públicas, las últimas cuentas que firmará el Gobierno de Pedro Sánchez van a hacer más pobres a la mayoría de los españoles. Porque una cosa es lo que pone el papel, con grandes cifras, y otra la materialización en el día a día de esas cuentas. Desgraciadamente en esa materia Ourense tiene una amarga experiencia dilatada en el tiempo, que el Gobierno de Sánchez no ha hecho sino agravar.
Vamos a ser más pobres porque la inflación es la más alta de los últimos cuarenta años, y el precio de la luz, de los combustibles, la subida de los alquileres y las hipotecas está reduciendo cada día desde hace meses nuestro poder adquisitivo. Las medidas que adopta el presupuesto para reducir el impacto de esta situación son mínimas, no llegarán a la mayoría de los afectados, que en cambio sí tendremos que sostener el gasto de las que se apliquen con unos impuestos a los que la inflación también ha elevado.
Y mientras tanto, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, un departamento que debería tener un papel protagonista en “los presupuestos más sociales de la historia de España” -como el propio Gobierno los ha calificado-, viaja por España buscando apoyos que aseguren su futuro, al tiempo que trata de que se olvide la propuesta que planteó hace un par de meses sobre fijar precios en productos de la cesta de la compra. Aquella ocurrencia de despacho demostró lo lejos que vive de la realidad, del día a día de los pequeños supermercados y tiendas; de la presión que asfixia a agricultores, como los de A Limia, o a ganaderos, como los que sostienen el sector lácteo gallego, colectivos que no conoce ni visita porque no se encuentran entre los clientes potenciales de su nuevo proyecto político.
La imagen que da el Gobierno con esa constante huida hacia adelante, sin un rumbo, sin más objetivo que garantizar su propia supervivencia, es lamentable. Pero no es la peor secuela que nos deja. El alto coste de esa política errática, comprando votos con leyes e inversiones, lo vamos a pagar todos los españoles.
