En este país de países cambia todo a velocidad de vértigo, como si quisiéramos recuperar el tiempo perdido en la siesta de los siglos, galopando sin descanso. Bueno, todo no. Cambia, lo menos todos los años, aquello que se puede cambiar en las leyes de los presupuestos, verdaderas leyes de presupuestos, que son necesarios para habilitar fórmulas jurídicas-coercitivas adecuadas, y regular, sin rubor, cualquier materia con el mismo descaro jurídico que la práctica de cualquier dictador de vía estrecha.
El Código Civil ya no es tan código ni tan civil como era concebido cuando se aprobó. Sus principios tienen aparente eficacia y sus mandatos son relativos. ¿Cómo se nos puede obligar a conocer las leyes, y a no excusársenos de la obligación de cumplirlas? ¿Es que nadie ha visto los tochos del 'Aranzadi', por ejemplo?
Pues bien: solamente los índices de materias y conceptos sobre normas de obligado y difícil cumplimiento, sus modificaciones y reformas, derogaciones y vigencias, citas y referencias, nos pueden dar idea de lo que ocurre en España (ahora país de países con leyes propias y ajenas a infinidad de parlamentos) de lo mucho que se escribe, de lo poco que se lee, de lo mal que se aprende y de lo difícil que se entiende. ¡Cuánto papel se gasta, sin posibilidades de reciclar! Y más en estos tiempos de grave crisis.
El más importante de los derechos de representación quizá sea el del voto (salvo el que se envía por correo, por lo visto) que no puede ser revocado más que por el transcurso del plazo, que es como firmar un cheque en blanco, que incluso exonera al mandatario de la causa y de la pena por comisión de delito, sea de la naturaleza que sea, siendo tal inmunidad y la impunidad, que es tanto ser político como ser un ser divinizado si las Cámaras del honor así lo dispusieran. La sociedad dicta las leyes y los políticos incluyen las excepciones.
Bajándonos a terrenos prácticos, que es donde laboran los humildes, ¿qué podemos pedir al funcionario de carrera o sin ella, trasvasados, enchufados, activos e inactivos (salvo excepciones) para que quieran, sepan y puedan impulsar de oficio el expediente, por el camino de la ley de procedimiento adecuado, camino de manglares donde se pierde, además de la paciencia, las tripas de los legajos, ahora sujetos con clips? ¿Quién se atrevería a encontrar en la profundidad o altura de cualquier archivo, el proceso o expediente, pues para desempolvarlo ha de agotarse otro procedimiento no menos complicado e inseguro?
Sea como fuere, el funcionario, de carrera o sin ella, reciclado o no, trabajador, amable o antipático, está siendo un elemento incardinado en las teclas de la informática, como buen conocedor de sus derechos. No sólo se ciernen en el ciudadano de a pie los males de nuestro tiempo, con el montón de problemas que la vida ordinaria nos propina, sino que tiene que sufrir a nivel institucional el de las normas reguladoras de competencias, incompetencias, recursos constitucionales e inconstitucionales, desistimientos y arreglos, para que, a la postre, se aplique el IVA o cualquier otra gabela de fielato, para fuera o para dentro, como puede ser una derrama para la eternidad, porque el político gobernante de turno en el poder, contando con los votos de la oposición (dignificándola con O mayúscula) eleva los sueldos de los miembros corporativos en un tanto por ciento, o proyecta -y a veces realiza- la obra faraónica de cualquier envergadura que empeñe las arcas del vecino para la eternidad, con lo cual fomenta y contribuye a su propio logro, procurándose el favor de los votos en los próximos comicios. Y, desde luego, no aprenderemos.
La cantidad de estrellas apagadas que brillan por estos países del país, al socaire del poder del voto, están empobreciendo la confianza del pueblo (¿soberano?) y cuando los pueblos pierden la fe y el dinero, malo...