En Europa, la inmigración es y seguirá siendo una realidad de la vida cotidiana. Quiérase o no, en ese tema existen puntos de vista radicalmente opuestos. Mientras que los dirigentes empresariales de muchos países de la Unión Europea (UE) piden más trabajadores inmigrantes para cubrir puestos vacantes; por el contrario, otras voces afirman que la Unión está inundada de inmigrantes irregulares. No obstante, es difícil encontrar cifras fiables, y a veces, incluso, estas cifras se malinterpretan.
En 2007 se habían establecido legalmente en los veintisiete países de ka UE 18,5 millones de inmigrantes de países no comunitarios, llamados 'nacionales de terceros países', lo que equivale aproximadamente al 4% del total de la población.
En torno a nueve millones de ciudadanos y ciudadanas de la Unión vivían en un país de la UE diferente del suyo de origen. En comparación, los inmigrantes ilegales constituyen, por cierto, una pequeña minoría.
Desde luego, los inmigrantes forman parte del tejido económico y cultural de la Unión Europea. Están presentes en todos los niveles de la población activa, cubriendo lagunas que los nativos no pueden cubrir, lo que influye tanto a especialistas muy calificados, médicos y otros profesionales de la sanidad como a trabajadores que desempeñan tareas que los ciudadanos de la UE que no quieren realizar. El desafío consiste, pues, en asegurarse de que la inmigración nos beneficia a todos: a las personas y la sociedad de la Unión, a los inmigrantes propiamente dichos y sus familias y, en la medida de lo posible, a los países de origen.
Por otro lado, la inmigración ilegal en la Unión se debe, no obstante, reducir, tanto por sus muchas consecuencias negativas como por sus vínculos con grupos delictivos y con mafias traficantes de seres humanos. Esto dificulta grandemente la identificación de los refugiados auténticos.
Frecuentemente, las personas que se desplazan lo hacen en grupos mixtos, formados por inmigrantes en busca de una mejor vida en Europa y gente que huye de persecuciones y de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario.
Sea como fuere, los pueblos de la UE tienen una larga tradición como puerto seguro para los solicitantes de asilo legítimos, a quienes, en virtud del derecho internacional, además deben proteger. El derecho al asilo está garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea adoptada en 2000. De este modo, se distingue entre quienes tienen una necesidad auténtica de protección y aquellos que han decidido desplazarse para mejorar su nivel de vida.
Hay que referirse también a una de las ventajas más apreciadas de los ciudadanos de la UE. Para algunos, ha significado desplazarse de países más pobres a otros países ricos, generalmente del noroeste de Europa, con el fin de beneficiarse de mejores salarios y condiciones de vida.
Hasta hace poco, el número de ciudadanos de la Unión que se desplazaban al extranjero era relativamente pequeño. Pero la migración económica del este al oeste aumentó tras las ampliaciones de 2004 y 2007, debido a la brecha existente en términos de riqueza entre los nuevos miembros, más pobres, y el resto de la Unión. Las regiones más ricas lo eran nueve veces más que las más pobres y tenían puestos de trabajo vacantes. Los migrantes de Polonia y los Estados Bálticos se dirigieron a Alemania, Irlanda, Suecia y el Reino Unido, mientras que los rumanos, por razones culturales y lingüísticas, buscaron trabajo en Italia y España.
Pero esa tendencia se ha frenado, como no podía ser de otra manera: La grave crisis económica que invade el planeta tierra ha reducido, desgraciadamente, el número de puestos de trabajo vacantes en los países de llegada y, además, la brecha entre ricos y pobres que separa a los antiguos y los nuevos Estados miembros de la UE están menguando, lo que anima a algunos migrantes volver a casa. Al principio, ciertos países de la Unión limitaron la afluencia de trabajadores de los nuevos Estados miembros, peroe stas restricciones temporales se han ido eliminando gradualmente.
Para concluir, manifestar que para que una política de inmigración funcione correctamente, es necesario que cuente con estrategias de integración. La integración es un proceso bidireccional, en los que los inmigrantes y los residentes locales deberán forjar el respeto mutuo y la tolerancia basándose precisamente en una relación constructiva.
