Como se hizo en la II República, con la legislación eficaz conocida por Ley de Chapaprieta, aprobada por el Congreso de los Diputados -no había Senado-, en el año 1934 o 1935, debido a la pequeña crisis de aquel entonces, que suprimió con rapidez una serie de direcciones generales de los distintos ministerios (no había secretarías de Estado ni secretarías generales). Las direcciones suprimidas pasaron a integrarse en centros directivos afines de los distintos ministerios. Sin más. Aún recuerdo, y lo pongo como ejemplo, que la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, fue suprimida y sus servicios pasaron a integrarse en la Dirección General de Justicia. Y todo el mundo conforme.
Ahora España, por desgracia, está en una precaria situación económica, al igual que la mayoría de los países de nuestro entorno. Es, pues, necesario que, cuando antes, se apruebe la legislación pertinente de restricciones por virtud de la cual se vaya a una reestructuración a la baja de infinidad de cargos públicos (gobierno, cortes generales, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etcétera). Y, por razones obvias, no procede, desde luego, congelar los sueldos de los funcionarios y empleados públicos (no políticos) y no tocar tampoco los ingresos de las clases bajas y medias.
Los que tienen que contribuir con mayores cantidades de dinero, son los verdaderamente ricos. Los hay, incluso, que no pagan nada al erario (muchos se valen de la fácil constitución de determinadas fundaciones privadas, en las que, por lo que sé, no puedo creer), y otros satisfacen solamente el 1%. Y los futbolistas de elite...
A estas alturas, procede suprimir determinados organismos públicos, muchos de los cuales no tienen razón de existir, incluso el Senado que, en realidad, no sirve para nada, mientras no se le otorguen determinadas competencias. E infinidad de cargos llamados de confianza y que se nombran a dedo, sin haber superado ninguna clase de exámenes serios de aptitud ante tribunales competentes; suprimir esos regimientos de asesores; suspender, mientras no se supere la crisis, a los miembros de los distintos parlamentos de las comunidades autónomas dejándolos reducidos a simples gestoras; suprimir muchos coches oficiales; lo mismo, muchas escoltas; controlar mejor determinadas subvenciones oficiales...
Aprovechar la ocasión para que todos los aspirantes a parlamentarios que concurran a elecciones políticas que, en su día se convoquen, sean votados necesariamente en listas abiertas. Actualmente, como la mayoría de los políticos debieran ser mejores -así se aprecia todos los días-, sería conveniente someter a los aspirantes a exámenes de aptitud ante tribunales totalmente independientes. Y entre las pruebas, apreciar, dentro de lo posible, que no se beneficiarán de mordidas. En esto disponer de un riguroso control por un tribunal totalmente independiente.
En realidad, las administraciones públicas se han convertido, en las últimas décadas, en unas grandes empresas de colocación de amigotes y familiares, cofrades de partido, sindicalistas silenciados, viejas glorias, creándose una infinidad de cargos de alta remuneración denominados de libre designación, o mejor dicho, a dedo. Consejeros de consejeros, gerentes-administradores de empresas públicas, presidentes de consorcios, directores generales de ayuntamientos, directores generales del arte inconcuso, secretarios de Estado, vicesecretarios, subjefes de protocolo, jefes de prensa, y un gran etcétera. Tanta gente, que en algunos departamentos de las administraciones hay más jefes que subordinados. Y las nóminas ¡la leche! Por otro lado, las consejerías se multiplican en las comunidades autónomas; las diputaciones y cabildos (no de catedrales) se llenan de departamentos, y algunos ministerios, sin competencia alguna, siguen manteniendo plantillas de altos cargos en la capital del Estado y en la periferia, que incluso tienen que inventarse cometidos varios para justificar su existencia. La escasa preparación de gran parte de estos altos cargos conlleva una corte de asesores que campean a sus anchas por los pasillos de los edificios públicos, sin haber aprobado siquiera en su vida una oposición.
Yo no me invento nada. Esto es público y notorio. Está al alcance de todos.
A pesar de la grave crisis que tenemos encima, nadie, legitimado para ello, se decide a meter mano a las situaciones indicadas, que solucionarían, desde luego, la falta de ingresos a las distintas administraciones públicas.
Bueno. En realidad, son muchos los que viven de la sopa boba. Mientras tanto, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas estamos llamados a contribuir obligatoriamente al mantenimiento de esta tropa de mandos y enchufados. País.