Los trabajos de asesoramiento llevados a cabo por el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, para países de incierto pedigrí democrático han despertado los recelos de los dos grandes partidos, que no se llevan muy bien entre ellos pero que parecen completamente de acuerdo a la hora de presentar batalla a este nuevo grupo emergente que representa para ellos una verdadera amenaza. La empresa de Monedero, que está bautizada con el pintoresco nombre comercial de Caja de Resistencia 2 Producciones Sociedad Limitada no tiene aparentemente ni domicilio ni siquiera personal a su servicio, lo que ha despertado las suspicacias de ambos partidos teniendo en cuenta que los clientes de Monedero han sido nada menos que Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Ambas formaciones ya estaban advertidas de los clientes que se gastan algunos de los dirigentes de Podemos. Hace poco tiempo, Pablo Iglesias hubo de reconocer muy a la fuerza que había llevado a cabo servicios de asesoramiento para una televisión iraní. En definitiva, que la clientela que se gasta esta buena gente no es como para tirar cohetes.
Trabajar como asesor de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua no es en si mismo delito alguno y es evidente que si cumple las condiciones que estipula el ministerio de Hacienda para llevar a cabo estas prácticas, cada cuál puede trabajar para quien le de la gana. Otra cosa es que, desde el punto de vista estrictamente político, algunas prácticas no contribuyen precisamente a consolidar la imagen democrática.
Lo malo puede ser que, además de llevarse un fortunón ejerciendo estas funciones, se produzcan desajustes con el fisco, y se practiquen artes presumiblemente fraudulentas a la hora de desarrollar estas actividades.
La situación se ha ofuscado paulatinamente y ha derivado en una petición formal para que Monedero explique sus negocios en sede parlamentaria. Personalmente no creo que sea el lugar preciso para desentrañar esta situación tan opaca y existen foros mucho más propicios para solucionarla. El Parlamento no está para establecer si se ha estafado a Hacienda o se han vulnerado los preceptos de la Inspección de Trabajo.
