Cada año por estas fechas, una parte no excesivamente significativa de la sociedad española se plantea la necesidad de introducir cambios que actualicen nuestro texto constitucional. La Constitución suscrita por consenso y redactada por un heterogéneo grupo de representantes políticos de relevante pensamiento y honorabilidad probada, cumplió ayer cuarenta y tres años de servicio a la nación sin que su texto haya sufrido modificación alguna, y existen sectores de opinión para los que sería necesario aplicar un buen puñado de correcciones.
El debate, sin embargo, no ha arraigado en la sociedad española y no está siendo exigido como cabría suponer en torno a un texto constitucional elaborado bajo la influencia de la necesidad y acabado con una urgencia propia de los tiempos que corrían entonces. Hace cuarenta años, España no se parecía en nada a la que vivimos ahora, y cabe suponer que la ley de leyes que nos gobierna necesitaría no pocas actualizaciones. Aprobamos una Constitución especialmente permeable para acoger ciertos cambios necesarios que los redactores supusieron se plantearían en el futuro, pero la evolución ha sido mucho mayor de la entonces pensada así que, no sería ningún disparate sospechar que necesita ajustes en casi todos sus capítulos comenzando por la propia legislación que afectara a la Corona y a las reglas para su sucesión acordes con el siglo XXI.
Pero paradójicamente esa situación que tuvo en años pasados un cierto eco, se ha acallado por completo, nadie la pide ahora, y la presión social está absolutamente dirigida a otras latitudes. De hecho, el Gobierno actual al que se suponía idóneo para meter mano a esta cuestión que en su momento pareció candente, ha decidido cerrar este debate y tirar la llave al agua. Una de las características de nuestra Constitución que la distingue de otras de carácter anglosajón cuyas correcciones se llevan a cabo fácilmente a base de enmiendas, es la dificultad que implica plantear esas mencionadas correcciones. El proceso es tan complicado, tedioso e implica un riesgo político tan evidente que lo mejor es no plantearlo.
Ayer, Pedro Sánchez no dio pie a discusión. La Constitución está para cumplirla y no se toca. Lo malo es que está asociado a unos partidos que no la respetan y están deseando cargársela. Paradoja de paradojas.
