España presume de tener uno de los cuerpos de policía más eficaz y diversificado del mundo, encomendando a la Guardia Civil labores de rescate en distintos países azotados por catástrofes naturales, igual que socorrer a la población tras —o en mitad de— conflictos bélicos y otras tragedias que requieran atención humanitaria.
La Benemérita es un paradigma en otras naciones donde desarrolla misiones, entre las que se incluye la formación profesional a policías de terceros países como los casos de Iraq o Afganistán.
Pero también dentro de España realizan las funciones más diversas, desde la atención del tráfico rodado, actividades de control de aduanas y fronteras. Control de la delincuencia, colaboración en la extinción de incendios, rescate marítimo y fluvial. Antidisturbios, documentación, control y vigilancia en concurrencias y actos públicos. Policía judicial y antifraude. Vigilancia del rural, construcción ilegal, montes, y un sin fin de actividades siempre al servicio del país y la ciudadanía, ejercicio que presan con celo y sin descanso por más duras que sean las condiciones a las que se vean obligados.
Por si no fuera suficiente, es el colectivo que más caídos por la Patria suma en tiempos de paz. En la memoria de todos aún permanece vigente los últimos fenecidos entre los componentes de la agrupación de Tráfico, además de aquellos fallecidos durante misiones en el extranjero, igual que a manos del terrorismo, llegando a cobrarse la vida, no sólo de tan bizarros defensores del orden, sino incluso pagando con la sangre de sus hijos y otros familiares en atentados perpetrados por los violentos.
A pesar de todo ello, si hay algo que ha definido desde su fundación en 1844 al Instituto Armado ha sido su estructura castrense, suponiendo a sus integrantes la consideración de militares en detrimento de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han disfrutado de mayor libertad de asociación, sindicación, manifestación, etc., a lo que se suma la limitación de medios, como sucedió en la etapa de Roldán como director general, privándola de vehículos o de combustible necesarios para el desempeño de sus funciones, por citar un ejemplo.
Pero lo escandaloso es que a cambio de tanto servicio, sacrificio y sufrimiento, la Administración penaliza a los miembros de la Guardia Civil con sueldos de hasta el 35% por debajo del resto de organismos policiales, lo que llega a suponer un agravio desproporcionado, más aún según la Comunidad Autónoma donde desempeñen su misión.
Como entidad al servicio del país, el Estado debe mostrar una mayor sensibilidad hacia esta institución que al fin y al cabo vela por la seguridad y el bienestar de todos los españoles, sencillamente porque es de ley para quien está dispuesto a darlo todo por la Patria.
