Con tantos regates que está dando la justicia ourensana con Gonzalo Pérez Jácome hay un riesgo evidente de tener que lamentar una oleada de esguinces en el Pazo de Xustiza. Este resbaladizo concurso de eslálones ha subido de nivel en los últimos días: la misma jueza que decidió archivar el caso de la financiación de DO obviando lo clamoroso rectifica y empieza a desandar el camino; la misma Fiscalía que durante tanto tiempo llevó al límite sus actuaciones contra políticos locales se pone estupenda y sale muy digna al paso pidiendo archivar la investigación. ¿Total para qué esclarecer el manejo de dinero público por parte del alcalde de una ciudad con 100 millones de presupuesto, verdad?
Significa un desafío al cerebro humano comprender de buena fe la postura que ha tomado la Fiscalía. Para empezar porque en cualquier procedimiento su rol es tanto garantizar los derechos fundamentales de las partes como perseguir el interés público. Y aquí, sinceramente, es tan difícil adivinar un hipotético comportamiento prospectivo – las supuestas donaciones forzosas son solo una ramificación del núcleo del caso, que siempre ha girado alrededor de los fondos de DO- como desatender la preocupación generadas por el comportamiento de Jácome. En este asunto hay dudas fundadas -“indicios de malversación”, según la propia magistrada- sobre el destino de más de medio millón de euros o la contratación de asesores y material suficiente como para iniciar una investigación a fondo: debería ser una obviedad decir que es tarea del ministerio público atender estas cuestiones, desarrollarlas y después decidir si hay base para la acusación o por el contrario pedir el archivo.
Pero aquí, el actor que debería garantizar llegar hasta el fondo de las pesquisas apuesta por cortarlas en fase embrionaria -recordemos que la jueza ni siquiera llamó en su momento a declarar al alcalde o confrontó las declaraciones contradictorias de los integrantes del decadente Camelot jacomiano-. Por eso este intento de freno es sorprendente y también otra oportunidad perdida: muchos ourensanos esperaban de la nueva fiscal jefe que borrase ciertas nubes tóxicas de la etapa anterior; y entre ellas destacaba la particular relación con Jácome. Después del archivo del caso de los bolardos, esta obstrucción retrotrae a viejos guiños que deberían estar sepultados.
Si este ánimo tan “garantista” es el nuevo criterio de la Fiscalía es muy curioso constatar quién motiva este cambio y peligroso el precedente generado. Si por el contrario esta innovadora autorregulación es solo algo puntual hay que hacer un esfuerzo para ser un ciudadano biempensante. Porque al fondo del escenario quedan ciertas relaciones -como el vínculo personal de una asesora del regidor con un conocido juez- y las viejas heridas sin curar: Ourense asistió a la implacable cacería judicial a un gobierno con ediles que llegaron a tener siete imputaciones y ahora contempla cómo la vieja dureza se ha transformado en suave algodón al tratar con el principal impulsor y beneficiado de aquella máquina de fango. Como se recuerda en la calle, esta apelación deja el futuro judicial del líder de DO en la Audiencia, presidida por un magistrado que encontró los mismos reparos en fotografiarse con Armando Ojea como en seguir dictando resoluciones de su juzgado de instrucción cuando ya había cambiado de destino. Las casualidades existen pero la mujer del César no debe ser solo honesta, sino parecerlo. Y en este guion hay excesivos borrones.
En el aire se repite la misma pregunta una y otra vez: ¿un político del PP, PSOE o BNG recibiría el mismo trato judicial que está teniendo Jácome? Esta simple duda, tan razonable vistos los antecedentes, es cada vez más intolerable.
